El Congreso aprueba mañana la reforma concursal con exoneraciones de 10.000 euros con AEAT y Seguridad Social

La ley será remitida al Senado el mismo día que acaba la moratoria concursal, aprobada en marzo de 2020 al estallar la pandemia

El Congreso aprobará este jueves la nueva reforma concursal, que contemplará exenciones del crédito público para las personas físicas de hasta 10.000 euros con Hacienda y 10.000 euros con la Seguridad Social, frente a los 1.000 euros que contemplaba para ambas instancias en un principio el proyecto remitido por el Gobierno.

Para sacarlo adelante en la Comisión de Justicia de la semana pasada, PSOE y Unidas Podemos se apoyaron en PNV y PDeCAT, con los que han pactado buena parte de las enmiendas. Vox votó en contra, mientras que el PP y Ciudadanos se abstuvieron.

La fecha de la aprobación coincidirá con el fin de la moratoria concursal aprobada por el Gobierno en marzo de 2020 en el paquete de medidas económicas de urgencia para afrontar la crisis desencadenada por la pandemia de Covid-19, ya que expira este mismo jueves 30 de junio.

La reforma, que viene a trasponer la directiva sobre procedimientos de insolvencia, reestructuración y exoneración de deudas, se aprobará junto a otra reforma de los Juzgados de lo Mercantil para reajustar el reparto de materias y trasladar a los Juzgados de Primera Instancia las quejas de consumidores, usuarios y viajeros.

Pese a lamentar el texto como una oportunidad perdida, los grupos de la oposición destacan que la reforma que saldrá hacia el Senado este jueves supera con creces el proyecto remitido por el Gobierno el pasado enero.

Por ejemplo, en materia de exoneración del crédito público para las personas físicas, con exenciones de hasta 10.000 euros frente a los 1.000 euros previstos inicialmente, facilitando una segunda oportunidad.

PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO PARA PYMES

También en el procedimiento especial para pymes, simplificado y pensado para casos especiales cuando, por sus características, iba a ser el propio para la gran mayoría de empresas españolas. Con los cambios, únicamente podrán acogerse al mismo, empresas que no alcancen una facturación de 700.000 euros, un pasivo de 350.000 euros o cuenten con menos de diez empleados.

Asimismo, en este procedimiento específico la Administración estará obligada a aceptar aquellas propuestas de convenio en las que no se sobrepase el 15% en la rebaja del crédito público.

FACILITAR EL RESCATE DE LAS EMPRESAS POR LOS TRABAJADORES

Otras de las novedades que contemplará la reforma son las facilidades para que los trabajadores puedan rescatar en sociedades cooperativas, participadas o laborales su empresa, priorizando su oferta en caso de que sea igual o superior al resto.

También se habilita a capitalizar sus cotizaciones, esto es, permitir que los trabajadores puedan utilizar como capital para adquirir la empresa las prestaciones que les correspondiera por desempleo.

ENMIENDA PARA LIBRARSE DEL EXAMEN A ADMINISTRADOR

Por otro lado, la reforma también incluirá una modificación para recoger exenciones al examen de administrador concursal que prevé la reforma ya que, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, el Gobierno ha pactado con PDeCAT una enmienda que previsiblemente se aprobará en el Pleno de este jueves.

Concretamente, se eximirá de este examen a aquellos abogados, economistas, titulados mercantiles y auditores que hayan estado ejerciendo, de acuerdo a condiciones establecidas reglamentariamente.

SISTEMAS DE ALERTA Y MEDIACIÓN

Entre las críticas de los grupos está la falta de desarrollo del sistema de alertas, advirtiendo grupos como PP, ERC o Ciudadanos de que no permitirán una detección temprana de las dificultades de las empresas, pese a las posibilidades que podía presentar.

Los populares también echan en falta más ambición en la exoneración del crédito público, que cree que debería de haber perdido su condición de privilegio valoraciones económicas orientativas y habilitar que una persona que buscara financiación en un concurso pudiera solicitar el borrado de su nombre en un registro de impagos.

ERC también incide en el escaso margen dado a los sistemas de mediación y arbitraje, mientras que en Vox han advertido también de la ruptura del principio de retroactividad, al cambiar de método concursos en vigor y que se reactivarán tras el fin de la moratoria.