Socios del Gobierno reprochan el retraso del impuesto a las eléctricas, aunque ven con buenos ojos las ayudas
Bildu y BNG temen que haya presiones detrás de la decisión y el PNV ve «improvisación» y falta de diálogo
Socios del Gobierno como EH-Bildu, Más País-Equo o Compromís, han avalado la conveniencia de las ayudas aprobadas en el último decreto ley de respuesta económica a la crisis energética, aunque han reprochado el retraso en el impuesto sobre los beneficios extraordinarios de las empresas eléctricas, anunciado por el presidente Pedro Sánchez pero que no se pondría en marcha hasta 2023.
Para la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua, «se podría acometer ahora mismo, que es cuando más lo necesita la gente y más se están lucrando las eléctricas». Pero percibe «ciertas dudas y recelos» al conocer que el Gobierno ha «aplazado» este nuevo tributo.
«Aunque se nos diga que tiene carácter retroactivo, tememos que las amenazas y las presiones de las eléctricas, en vez de decrecer, crezcan de aquí a fin de año», ha dicho Aizpurua, que cree que «sigue faltando mayor ambición y valentía» para aprobar «medidas estructurales para afrontar los enormes beneficios que están beneficiando a las eléctricas».
COMPROMÍS RECUERDA LA INVESTIGACIÓN A IBERDROLA
También ha lamentado el retraso de este nuevo impuesto el diputado de Compromís, Joan Baldoví, que cree que no aplicarlo hasta 2023 es «decepcionante», recordando además que esta misma semana la Fiscalía Anticorrupción había solicitado una multa millonaria para Iberdrola y penas de prisión a sus directivos por, presuntamente, manipular los precios.
En todo caso, Baldoví ha avanzado el voto afirmativo de Compromís, celebrando la prórroga de la bonificación al carburante. Además del retraso en el impuesto, considera «poco ambicioso» el descuento al transporte público, que entiende como «discriminatorio» por contar con menos recursos para afrontarlo autonomías menos «infrafinanciadas», como la valenciana.
EL BNG PIDE UN TOPE AL PRECIO FINAL, NO EN EL POOL
Néstor Rego, del BNG, ha cargado con el retraso apuntando a que ya en 2021 las grandes eléctricas concentraron «beneficios indecentes» –«más de 6.500 millones», ha dicho, entre las tres más grandes–, y ha exigido un tope al precio final de la factura de la luz, y no en el mercado mayorista al gas.
Sobre las razones que explican el retraso en el impuesto, ha expresado su «temor» de que «responda única y exclusivamente a la consciencia de una alta presión social para poner fin a una injusticia, pero que no exista una voluntad real del Gobierno para aplicarla». Aun avalando medidas como la subida de las pensiones mínimas, Rego cree que las contenidas en el decreto ley «son tardías e insuficientes».
EL PNV RECONOCE «MALESTAR» CON LAS FORMAS DEL GOBIERNO
Por su parte, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha reconocido su «preocupación» por «la provisionalidad» de las medidas, pues considera que «no pueden sostenerse en el tiempo» y hacen falta «mecanismos para que la situación pueda corregirse».
«Da una imagen de improvisación», ha dicho, apuntando que hasta hace bien poco el Gobierno se resistía a bajar aún más el IVA de la luz y que, no sólo acaba aplicándose, sino que «de repente el propio presidente se adelanta al decreto» para anunciarlo. El portavoz del PNV también ha reconocido «malestar» por la falta de negociación del decreto.
«Uno puede tener reticencias, pero al final tiene que votar sí o no, y el Gobierno juega con eso. Eso molesta a los grupos, al menos al mío, que intentamos dar una cierta sostenibilidad y coherencia al Gobierno», ha explicado.
MÁS PAÍS VE «UN CAMBIO EN LA DIRECCIÓN CORRECTA»
El portavoz de Más País-Equo, Íñigo Errejón, ha celebrado «un cambio en la dirección correcta» del Gobierno a la hora de decidir «cómo se reparten las cargas» en las crisis con el nuevo decreto ley, algo que considera «prometedor», pero ha pedido «no llegue tarde ni sea exclusivamente otra acción meramente comunicativa».
En este sentido, Errejón ha exigido acompañar las medidas con un control de precios para revisar «abusos» en las rentas del alquiler, la gasolina y la factura de la luz, pues el ejemplo de las gasolineras demuestra que «subvencionar para rebajar los precios sin un control ha sido una gran transferencia de recursos públicos a manos privadas». «El Gobierno no puede permitirse generar una decepción más», ha remachado.
EL PDeCAT RECUERDA YA QUE VOTÓ A FAVOR DEL PRIMERO
Por su parte, el portavoz del PDeCAT, Ferrán Bel, cree que «el Gobierno ha cumplido», aunque «con algo de retraso», para ampliar las ayudas a más sectores, como el cementero u otras gasintensivas, y que espera extender las ayudas al transporte a las autoescuelas durante la negociación previa a la votación al decreto ley.
Preguntado por su voto, ha dicho que hasta entonces «habrá tiempo para fijar posición», pero ha recordado que su voto ya fue afirmativo para convalidar el primero de los decretos tras la guerra en Ucrania, en un momento además en el que «el contexto no era fácil», ya que acababa de estallar el escándalo de espionaje a políticos independentistas con el programa informático Pegasus .
CUP: SIN CONTROL DE PRECIOS, LAS MEDIDAS SON «PARCHES»
Más crítica se ha mostrado la portavoz de la CUP, Mireia Vehí, que ve la gran mayoría de medidas del decreto como «una transferencia de dinero público a las grandes corporaciones».
«La gasolina está más cara que nunca porque el Gobierno no pone topes a los precios», ha lamentado, reconociendo que, si bien hay «medidas positivas», considera que se quedan en «parches» sin topes a los precios de la luz, la vivienda o la gasolina.
