El interventor general explica que los puestos de las Marías se crearon a petición de su antecesor y del Parlamento

Presume la «buena fe» de quienes intervinieron en los expedientes: «No lo tengo por qué cuestionar»

El interventor general del Gobierno de Cantabria, Javier Marín, ha explicado que la modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) de la Consejería de Economía y la creación de los puestos que posteriormente se adjudicaron a la exconsejera del área, María Sánchez, y a su secretaria general, María González, se llevaron a cabo a raíz de la petición del Parlamento de reforzar este área y de la necesidad que manifestó su antecesor en el cargo.

Marín ha comparecido este martes ante la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento, a petición del PP, para informar acerca de esa RPT y la creación de dos puestos –los de Jefe de Área de Intervención y Fiscalización II y Jefe de Unidad de Eficiencia y Modernización– que la oposición insiste en que fueron confeccionados «ad hoc» por las que llaman las Marías para adjudicarse un «sueldo Nescafé».

El interventor, que tomó posesión en noviembre de 2021, ocho meses después de la publicación del decreto por el que se modifica la RPT, ha señalado que el primer documento con el que empieza a tramitarse la modificación de la relación de puestos es de hace dos años y está firmada por su antecesor, Pedro Pérez Eslava.

Y señala que es un informe de éste de hace dos años el que apuntaba ya la necesidad de crear los puestos para dar respuesta al volumen de trabajo de la Intervención –informe que cree que puede dar respuesta a las preguntas que se hace la oposición (PP, Cs y Vox), que ha respondido que no ha tenido acceso a él–, además de que se hizo también para dar respuesta a un acuerdo del Parlamento por el que se instaba a potenciar este área, fruto del debate sobre el estado de la región del primer año de la actual legislatura.

Además de esas razones, el expediente con el que se inicia la tramitación hace referencia a otras como la escasez de recursos humanos especializados, la elevada carga de trabajo o la existencia de sistemas informáticos «obsoletos».

Y tras hacer un repaso a la modificación de la RPT y la creación de los dos «famosos» puestos, el interventor ha señalado que «se podrá tener distinta opinión» acerca de las medidas que se adoptaron, pero «superaban los procedimientos» necesarios.

«La administración es un ser vivo y continuamente lo que estamos haciendo es ajustarlo para que su funcionamiento sea lo más correcto posible», ha explicado Marín, que ha preferido «ser respetuoso con el procedimiento» y con el expediente administrativo, presumiendo la «buena fe» de las personas que intervienen. «Para mí, mientras no se demuestre lo contrario, todo lo que allí se dice va a misa, no lo tengo por qué cuestionar».

De este modo ha respondido a las preguntas de PP y Ciudadanos (Cs) sobre si se puede considerar ético que la exconsejera o la exsecretaria general participaran en esos expedientes, ya que apuntan que la ley señala que cuando una persona tiene interés personal en los puestos se tiene que abstener.

«Se crearon dos puestos a su imagen y semejanza», ha insistido la popular María José González Revuelta, reiterando que los requisitos que se marcaron para acceder a los puestos coincidían con la trayectoria profesional de las Marías . «El concurso es una cacicada y un clarísimo amaño que vulnera los principios básicos de la ética y la decencia política», ha denunciado.

En la misma línea, Felix Álvarez (Cs) cree que lo ocurrido «no tiene un pase», porque la tramitación «es una vergüenza» y los méritos que se valoraron «coinciden escrupulosamente con su trayectoria».

Mientras, desde Vox, Armando Blanco ha lamentado la «autocolocación de las Marías» y ha afirmado que «al menos, la actitud de estas dirigentes socialistas no ha sido ética», pero ha preferido no hablar de su legalidad a la espera de que se pronuncie la Justicia, después de que las protagonistas denunciaran al portavoz de Cs por las acusaciones en torno a este asunto.

Por su parte, desde los grupos que sustentan al Gobierno regional, PRC y PSOE, Emilia Aguirre y Noelia Cobo han hecho hincapié en que «nadie discute» la legalidad del procedimiento ni que fuera necesario crear los citados puestos porque era necesario reforzar la Intervención.

Por tanto, han defendido que la RPT «ha sido necesaria», además de «negociada y pactada» en la Mesa de Función Pública, y «se ha ajustado a la legalidad».