Los médicos apoyan «blindar» la sanidad pública pero también «reforzar» la colaboración público-privada

El presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM), Tomás Cobo, ha apoyado que se «blinde» la sanidad pública, al tiempo que se «refuerza» la colaboración público-privada para «conseguir la mayor eficiencia».

«Blindar nuestro actual modelo sanitario universal, público y gratuito es proteger el eje del bienestar y la justicia social. Debemos dirigir todos nuestros esfuerzos hacia ese destino, al tiempo que reforcemos también la colaboración público-privada para conseguir la mayor eficiencia», ha comentado Cobo en declaraciones a Europa Press.

El Consejo de Ministros va a aprobar este martes el anteproyecto de la Ley de Equidad, Universalidad y Cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS) en el que, entre otros asuntos, se cierra la puerta a nuevos copagos, se evita que se privatice la sanidad pública y se garantiza la asistencia sanitaria universal.

La aprobación de esta norma fue anunciada el pasado sábado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un mitin en Cártama (Málaga), donde aseguró que la ley servirá para blindar la equidad, la cohesión y la universalidad de la sanidad pública y evitar que «no se privatice por ningún gobierno de derechas en ninguna comunidad autónoma».

En concreto, el anteproyecto de ley, según ha podido saber Europa Press, «blinda» el Sistema Nacional de Salud (SNS) como un modelo de gestión directa; y modifica varias normas anteriores entre las que se encuentran la ley 14/86, General de Sanidad y la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del SNS.

Del mismo modo, con esta normativa se va a poder garantizar la universalidad del derecho a la protección de la salud y la atención sanitaria, al tiempo que se amplía el derecho a otros colectivos como, por ejemplo, personas de origen española que viven en el exterior durante sus desplazamientos al territorio español y sus familiares.

Este anteproyecto amplía también la excepción del copago ortoprotésico a los colectivos más vulnerables (al igual que ha hecho con los copagos farmacéuticos) como las personas perceptoras del ingreso mínimo vital, pensionistas con rentas más bajas, menores con discapacidad reconocida y a personas de rentas bajas por hijo a cargo. Unos 6 millones de personas. También recupera la cartera común de servicios única y se cierra la puerta a nuevos copagos.

CRÍTICAS DESDE ASOCIACIONES Y TAMBIÉN DE LA SANIDAD PRIVADA

Sin embargo, la norma ha recibido críticas tanto de los sectores defensores de la sanidad pública como de la privada. Por ejemplo, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha lamentado que el anteproyecto «no blinde la provisión pública» y consolide el modelo de mutualidades de funcionarios.

Así, y tras reconocer que contiene mejoras sustanciales sobre el anteproyecto, la organización ha criticado que siga abriéndose paso modelos privados que se dice serán «excepcionales», pero sin fijar criterios concretos para esa excepcionalidad, así como tampoco sistemas efectivos de control de la misma.

Por su parte, desde la Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) han manifestado su «inquietud» ante la Ley, que, a su juicio, «convertiría a España en el único país europeo que proscribe a la sanidad privada de su SNS».

«Una Ley de Equidad que proscribe a la sanidad privada del Sistema Nacional de Salud es una norma que no tiene en cuenta que hubiera sido imposible afrontar esta pandemia de la COVID-19 sin tener a los recursos privados a disposición», ha recordado este jueves el presidente de ASPE, Carlos Rus.