El Gobierno se escuda en que la AN no ha encontrado motivos para denegar la extradición del venezolano Rolando Figueroa

El Gobierno se ha escudado en que la Audiencia Nacional no ha encontrado «ningún motivo» para justificar que se paralice la extradición a Venezuela del opositor Rolando Figueroa, reclamado por un presunto delito de estafa por Caracas y a quien se ha denegado asilo en España.

Esa ha sido la explicación que ha dado el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria a pregunta del PP en el Congreso. Los diputados Valentina Martínez, Pablo Hispán y Belén Hoyo han preguntado al Gobierno si va a proceder a extraditar a Figueroa, que reside desde hace años en España y está tramitando la nacionalidad española.

Los diputados populares denuncian que en Venezuela «no se respetan los Derechos Humanos, ni la presunción de inocencia, ni existen las garantías judiciales mínimas que garanticen un proceso justo» sobre todo a los opositores, como es el caso de Figueroa, quien precisamente abandonó el país por las amenazas sufridas por ello y cuya «integridad física podría correr peligro».

Asimismo, desde el PP se plantea al Gobierno si, de producirse finalmente la extradición, cuenta con «garantías» de que se respetará su integridad física y recibirá un juicio justo en Venezuela.

En su respuesta, el Gobierno sostiene que acordó la extradición «siguiendo el criterio de la Audiencia Nacional que consideró procedente la entrega en extradición, tras un procedimiento judicial con plenas garantías en el que se valoraron todas las alegaciones formuladas por el reclamado».

El procedimiento de extradición, defiende el Ejecutivo, cuenta con «mecanismos que garantizan que, en caso de que se acredite que la persona reclamada está sometida a una persecución política en su país, no pueda prosperar la extradición».

Tanto en este caso como en cualquier otro «en que el Gobierno autoriza una extradición, se analizan en sede judicial todos los motivos que pudieran justificar la denegación de la entrega». En el caso de Rolando Figuerao, «la Audiencia Nacional no ha apreciado ningún motivo para denegarla», remata el Ejecutivo.

La batalla legal de Figueroa se remonta a 2018, cuando la Justicia venezolana pidió su extradición por, supuestamente, haber estafado a una mujer que había contratado varios tratamientos médicos con una empresa de productos sanitarios.

Su extradición quedó aprobada en julio de 2020 pero, por problemas logísticos relacionados con la pandemia, no llegó a materializarse. Un año después se reactivó y Figueroa pasó unos meses encarcelado en Teixeiro (Coruña) hasta que salió en libertad condicional después de que su entrega quedara suspendida por una segunda petición de asilo, denegada por el Ministerio del Interior el pasado abril.