Aprobada la nueva Ley del Juego de Cantabria, pero sin apoyo de la oposición al régimen sancionador

PP y Cs ven «desproporcionado» el incremento de las sanciones previstas

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha aprobado este lunes la nueva Ley del Juego de la comunidad autónoma, que, en el grueso del texto, ha contado con un apoyo de todos, a excepción de Vox, que se ha abstenido. No ha habido acuerdo, sin embargo, en el régimen sancionador, con cuatro artículos en contra de los que ha votado en contra toda la oposición, que ve «desproporcionado» el incremento en la cuantía de las sanciones.

La ley aprobada hoy sustituye a la de 2006 y sus posteriores modificaciones, y, entre otras novedades, en ella se limita la publicidad del juego y se fijan una serie de principios que debe cumplir.

Además, se establecen, por primera vez, medidas de prevención del juego patológico, dirigidas a la población en general, y, en especial, a la protección de las personas usuarias, a los menores de edad y a las personas vulnerables a las conductas patológicas.

También se fijan límites cuantitativos en lo referido al número máximo de autorizaciones y establecimientos de juego, así como en la fijación de un régimen de distancias mínimas, entre los establecimientos entre sí, así como en relación con centros educativos y unidades de salud mental.

POLÉMICA SOBRE EL RÉGIMEN SANCIONADOR

También se regula en ella un nuevo régimen sancionador que, según el Gobierno, «ofrece una protección más intensa a las personas menores de edad y colectivos especialmente vulnerables». Como novedad, se establece el carácter finalista de la recaudación de las sanciones, de tal manera que su destino sea la investigación, prevención y asistencia al juego patológico.

Asimismo, se recalifican los distintos tipos de infracciones, y se revisan las cuantías de las sanciones, estableciéndose un régimen sancionador que el Gobierno considera «acorde y proporcional con los objetivos planteados por la norma» pero que desde el PP o Cs han denunciado que conllevan incrementos «desproporcionados».

Concretamente, los artículos de la ley sobre el régimen sancionador que han contado con el voto en contra de la oposición son el 53, relativo a los sujetos responsables de las infracciones; el 58, que alude a las infracciones leves, y el 60 y 61, que versan sobre las sanciones.

La oposición se ha mostrado en contra del incremento de las sanciones, un ámbito en el que, por ejemplo, el PP considera que al Gobierno «se le ha ido de las manos» y Cs lo ha tildado de «desproporcionado».

En el texto legal aprobado, las infracciones leves conllevan multas de entre 500 y 5.000 euros; las graves desde los 5.000,01 euros hasta los 30.000, y las muy graves desde los 30.000,01 euros a 150.000.

También desde PP y Cs reclamaban que no solo se considerara infractores a las empresas del sector que no cumplieran con la normativa, sino también planteaban que pudieran imponerse sanciones, aunque no económicas, a los menores o personas que tuvieran prohibido el acceso a las salas de juego que utilizaran para entrar a estos establecimientos el «fraude o engaño», algo que los grupos del Gobierno no han admitido.

Los populares han reprochado a los grupos del Gobierno que «no se hayan sentado a negociar» sus enmiendas sobre el régimen sancionador y han acusado a regionalistas y socialistas de «usar el rodillo».

Al margen de estos artículos, la oposición ha votado a favor del resto del texto, a excepción de Vox, que se ha abstenido al considerar que el juego debe estar regulado en una ley nacional, no autonómica, puesto que los «problemas» y las «soluciones» a este problema deben ser «las mismas» en todo el territorio del país.

Desde algunos grupos que sustentan al Gobierno como desde otros de la oposición han afeado a Vox que no haya acudido a las sesiones de la Comisión de Presidencia que ha tramitado la ley pese a pertenecer a ella y varios les han acusado de haber «plagiado» a otros algunas de sus enmiendas.

UNA «BUENA LEY», PARA EL GOBIERNO

La consejera de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Paula Fernández (PRC), ha considerado que se trata de una «buena ley» en la que, a su juicio se consiguen un «equilibrio» entre las expectativas del sector, que solo en tasas aporta unos 12 millones de euros anuales a las arcas públicas y genera empleo, y una mejor protección de las personas más vulnerables.

Para Fernández, con esta ley «ganan» las personas vulnerables al juego patológico, los menores de edad, la seguridad pública y los empresarios del sector, y otros «pierden el marketing sin escrúpulos, el fraude y quienes pretendan generar hábitos inadecuados y perjudiciales, la publicidad engañosa».

Ha explicado que La ley incorpora a lo largo de sus más de 60 artículos dos tipos de regulación diferenciada: unas reglas que «garantizan las racionalización del sector y la seguridad jurídica en las relaciones entre participantes en los juegos y organizadores y, por otro lado, una regulación cuya finalidad pretende la prevalencia del juego problemático y del juego patológico en la población cántabra.

Ha puesto en valor la incorporación de «novedosas» medidas de juego responsable y medidas preventivas y de protección a colectivos vulnerables que, según ha dicho, es «el elemento vertebrador» de la ley.

Así, entre otras novedades, ha explicado que este instrumento normativo limita la publicidad del juego y establece unos principios «claros y contundentes». Por ejemplo, en este ámbito establece la identificación de las comunicaciones comerciales y del anunciante; el principio de veracidad y de juego seguro y el principio de protección de menores de edad.

En la norma, se contemplan los requisitos necesarios que la publicidad ha de cumplir para una selección consciente de actividades de juego, así como la necesaria comunicación previa de cualquier actividad que suponga la realización de actividades publicitarias, promociones ycomunicaciones comerciales.

Además, en la norma se crea un nuevo Consejo Técnico de Coordinación y Seguimiento de las Medidas de Prevención, en el que tendrán cabida representantes de todos los sectores implicados, así como personas de reconocida competencia profesional o científica, cuando así lo requiera la naturaleza de los asuntos a tratar.

Respecto a los órganos competentes en materia de juego, se regula la Comisión de Juego de Cantabria, como órgano colegiado de carácter consultivo, encargado del estudio y asesoramiento en materia de juego.

Según ha dicho la consejera, el texto legal contiene todo un marco normativo «capaz de dar respuesta a la nueva realidad de la práctica del juego» cuyo ámbito sea el territorio de la comunidad autónoma.

Así, por ejemplo, en la norma se organiza y ordena la actividad del juego, estableciéndose el régimen de autorizaciones de las empresas de juego y los requisitos de constitución de las empresas de juego y las fianzas. Además, se definen las modalidades de juegos, y se definen y regulan los locales de juego.

También, en la norma, se eleva aquí a rango legal el servicio de admisión obligatorio de los establecimientos de juego, así como el Registro de Interdicciones de Acceso al Juego de Cantabria, y la coordinación con el Registro General de Interdicciones de acceso al Juego, dependiente de la Administración General del Estado.

Por otro lado, desde el Gobierno y los grupos que los sustentan (PRC y PSOE) se ha puesto en valor la amplia participación y el consenso alcanzado con los agentes implicados. Sin embargo, PP o Cs han limitado el alcance de este consenso.