El Consejo Económico y Social de España valora «positivamente» el anteproyecto de ley que modifica el SNS

El Consejo Económico y Social de España (CES) ha valorado positivamente el Anteproyecto de Ley por la que se modifican diversas normas para consolidar la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud (SNS).

En concreto, respecto a las formas de gestión sanitaria, ha valorado positivamente las previsiones de avance en la cultura evaluativa del sistema sanitario contempladas por el anteproyecto, aunque ha echado en falta una mayor precisión en los criterios que las administraciones públicas deberán motivar para establecer conciertos o recurrir a cualquiera de los contratos regulados en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, así como a las distintas fórmulas de colaboración previstas en la Ley 40/2015 de Régimen jurídico del Sector Público.

«A fin de evitar disparidad de interpretaciones sobre su alcance, que podrían afectar a la equidad de la ciudadanía en el acceso al derecho así como a la unidad de mercado, ha sugerido la conveniencia de avanzar en su concreción sobre la base de la cooperación entre los distintos Servicios de Salud en el ámbito del Consejo Interterritorial del SNS. Además se plantea el interrogante de cómo afectarán sus previsiones a los acuerdos, conciertos y contratos ya en vigor, lo que debería especificarse en el propio texto del anteproyecto», señala el organismo.

En lo relativo al impacto sobre la salud de los proyectos normativos, esta medida, que se hace eco del mandato contenido en el artículo 35 de la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública, resulta «muy oportuna» y responde a la necesidad «ampliamente demandada» de evaluar el impacto sobre la salud y las desigualdades en salud de las distintas políticas públicas antes de su aplicación. Con todo, el CES cree que la obligación de analizar el impacto sobre la salud debería extenderse a las normas que afecten a la salud laboral, que no aparece expresamente mencionada y, en general, a todas las normas con efectos socioeconómicos.

En cuanto al principio de universalidad se valora positivamente el avance en la universalidad del sistema sanitario que acomete el Anteproyecto, considerando «necesaria y oportuna» esta extensión del derecho a la atención sanitaria, que asegura la cobertura de las personas cuya titularidad no había sido explícitamente reconocida.

A fin de completar dicha extensión, se propone incluir en el ámbito de la cobertura a las personas descendientes mayores de 26 años a cargo de personas de nacionalidad española residentes en el extranjero temporalmente desplazadas a España, que no han quedado recogidas en el texto del anteproyecto, y cuya exclusión no se encuentra motivada.

Sobre la cartera común de servicios, la propuesta del anteproyecto de establecer la organización de los servicios ofrecidos por el SNS con arreglo a una única cartera común, en lugar de las tres carteras vigentes desde la aprobación del Real Decreto 16/2012, recuperando lo dispuesto en la Ley 16/2003, se ha valorado de forma positiva, por contribuir a garantizar la equidad en el acceso a los servicios del SNS, pero la propuesta de dictamen recuerda la necesidad de asegurar la suficiencia de los recursos del sistema.

Otro de los aspectos en la que la propuesta de dictamen se ha detenido es la coordinación socio sanitaria. La coordinación entre los sistemas sanitario y de atención a la dependencia, así como de la red de servicios sociales, debería revertir en beneficio de las personas atendidas, mediante la mejora de la calidad asistencial, pero también del conjunto de las estructuras de protección social a través de la optimización de los recursos.

Por ello, se considera que cualquier avance en ese sentido merece una valoración positiva, tanto más cuanto que este aspecto organizativo lleva décadas pendiente de un desarrollo sucesivamente postergado, a pesar del consenso sobre su necesidad y de la solidez de su diagnóstico.

Pero dado el escaso desarrollo de la prestación y la complejidad organizativa que puede entrañar la coordinación entre distintos departamentos ministeriales y entre la AGE y las comunidades autónomas, la propuesta de dictamen estima necesaria una mayor concreción que ayude a definir con precisión el modelo de coordinación que ha de desarrollarse.

También ha considerado importante abordar la participación en el sistema afectada por el Anteproyecto. A este respecto, la participación ciudadana contribuye a mejorar la salud, a reducir las desigualdades y a enriquecer el contenido de las políticas públicas, legitimando la toma de decisiones en el proceso de elaboración de las políticas.

Sin embargo, las previsiones del anteproyecto no se corresponden suficientemente con la evolución experimentada por las formas de participación y representación a lo largo de las últimas décadas, en las que ha aumentado la demanda de un mayor desarrollo del derecho de participación de la ciudadanía en los asuntos públicos.

«En coherencia con esa mayor apertura en la participación que preconizan los objetivos de gobierno abierto, se echa en falta una mayor presencia de las asociaciones de personas consumidoras y usuarias más representativas en los distintos Foros y el CES entiende necesario impulsar los Consejos de Salud de Área contemplados en el art.58 de la Ley General de Sanidad», ha detallado el organismo.

En lo que concierne a la igualdad en el acceso y la coordinación en el SNS, la propuesta recuerda que facilitar la movilidad de los pacientes constituye uno de los principales exponentes de la necesidad de avanzar en una mayor coordinación entre los Servicios de Salud autonómicos, si bien no es el único supuesto en que se manifiesta.

Por eso estima que, independientemente de la situación o del lugar de residencia de las personas, la igualdad efectiva en el acceso a los servicios requiere el impulso y el refuerzo de la plena operatividad en todo el SNS de instrumentos y herramientas que faciliten dicha coordinación como, sin ánimo de exhaustividad, la historia clínica digital o la receta electrónica.