Vox ve «papel mojado» el dictamen favorable del Consejo de Garantías Estatutarias a la ley del catalán en las aulas
Joan Garriga dice que es un órgano «prescindible y solo consultivo» e insiste en ir al TC
BARCELONA, 7
El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha asegurado que el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) favorable a la proposición de ley sobre el catalán en las aulas es «papel mojado» y ha insistido en que su partido la recurrirá ante el Tribunal Constitucional (TC) una vez se apruebe.
En rueda de prensa este martes, ha afirmado que el CGE es un órgano «prescindible y solo consultivo» y cuyos miembros han sido nombrado por Junts, ERC y PSC, y en el que asegura que Vox no confiaba.
«Me podría haber jugado algunas cervezas que la valoración sería positiva. Es un órgano que no nos merece ninguna credibilidad», ha sostenido Garriga, que cree que ni la proposición de ley ni el decreto ley del Govern sobre el catalán garantizan el derecho de los alumnos a estudiar en castellano, a su juicio.
Preguntado por qué entonces han llevado el decreto ley al CGE, ha dicho que lo hicieron para «poner trabas a la trampa» ante la expiración del plazo para ejecutar la sentencia del 25% que la justicia dio al Govern, y ha añadido que Vox se querellará contra el conseller de Educación, Josep Gonzàlez-Cambray, por presunta desobediencia a esa resolución judicial.
PUIGDEMONT Y GIRONA
También ha criticado que el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, dijera este sábado que no hay «confrontación más salvaje que la del Estado», unas afirmaciones con las que, según Garriga, quiere dividir a los catalanes y buscar protagonismo.
Ha retado al expresidente y eurodiputado de Junts a ser valiente, en sus palabras, y viajar en España para ser juzgado: «Si no quiere ser valiente, debe quedarse donde está con su cobardía y dejar de molestar».
Además, ha avanzado que su grupo ha presentado una propuesta de resolución que insta a la Generalitat a condenar la «actitud sectaria, totalitaria y liberticida» de la alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, que según él impide que la Fundació Princesa de Girona desarrolle actividades en la ciudad, y pide otorgar la Creu de Sant Jordi a esta fundación.
