La Mesa del Parlament tramita la solicitud de dictamen de Vox, Cs y PP al CGE del decreto del catalán

En la petición tildan el decreto de «manifiestamente inconstitucional»

BARCELONA, 2

La Mesa del Parlament ha admitido este jueves a trámite la solicitud de dictamen de Vox, Cs y PP al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) sobre el decreto ley del Govern sobre el catalán en las aulas, que consideran que es contrario a la sentencia que obliga a impartir un 25% de las clases en castellano.

En un comunicado, el Parlament ha explicado que la Mesa ha tramitado esta solicitud y ahora el CGE tiene 12 días para emitir el dictamen, a la vez que está elaborando otro dictamen sobre la proposición de ley de ERC, PSC, comuns y Junts sobre el uso y aprendizaje de las lenguas oficiales en la enseñanza no universitaria.

El lunes de esta semana, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc) publicó el decreto ley que fija explícitamente la «inaplicación» de porcentajes en el uso de lenguas en la enseñanza y atribuye a la Conselleria de Educación la potestad de validar y asumir la responsabilidad sobre la legalidad de los proyectos lingüísticos de los centros para proteger a las escuelas y a los docentes.

En el texto de la petición de dictamen al CGE, recogido por Europa Press, han afirmado que el decreto solo es constitucional y de acuerdo al Estatut de Autonomía si se garantizara el carácter vehicular del castellano, así como el cumplimiento de la sentencia del 25% de castellano del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

Los grupos que solicitan el dictamen consideran que el decreto es una norma de desarrollo del Estatut de Autonomía «manifiestamente inconstitucional» porque, a su juicio, pretende excluir el carácter vehicular de la enseñanza en castellano.

En este sentido, creen que no se cumple con la interpretación del artículo 35 del Estatut hecha en la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional, que considera que el catalán debe ser lengua vehicular y de aprendizaje en Cataluña pero por ello «el castellano no puede dejar de ser también lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza».

También han tildado de irracional y arbitrario alegar una urgente y extraordinaria necesidad para promulgar este decreto y, a su vez, «intencionadamente incorporar una regulación que es inconstitucional».

Han advertido de que se somete la elaboración y aprobación de los proyectos lingüísticos a los criterios y objetivos previstos en el artículo 2 del decreto, por lo que se «está vulnerando el principio de jerarquía, que implica que una norma de rango inferior, como este decreto, no puede contradecir ni vulnerar preceptos de la Constitución».

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