Adicae considera que es necesario revisar el reglamento de la Unión Europea, después de que el Tribunal General de la UE (TGUE) haya avalado este miércoles la disolución de Banco Popular.

El Alto Tribunal ha desestimado en su totalidad los recursos presentados por parte de los accionistas contra la resolución de la entidad bancaria en 2017, rechazando la devolución del dinero de las acciones o una compensación a los demandantes.

La sentencia del TGUE, sobre la que cabe recurso, apunta que la liquidación de Banco Popular se adoptó «válidamente» y «con independencia» de los motivos que llevaron a la entidad bancaria a encontrarse en dificultades.

«Esta ha sido hasta hoy la única resolución bancaria siguiendo el reglamento de la Unión Europea de resolución de entidades de crédito, una norma que Adicae considera necesario revisar y modificar, y que ha dejado a 300.000 pequeños accionistas en una situación inaceptable», ha señalado la asociación en un comunicado.

Adicae recuerda que en la Audiencia Nacional continúa el proceso penal en el que está personado, que «deberá esclarecer el abuso y el fraude, y determinar el resarcimiento a los afectados». Adicae acusa al Popular de los delitos de estafa a inversores, falsedad de cuentas, delito contra el mercado de valores, administración desleal, información privilegiada y maquinación para alterar el precio de las cosas.

La asociación agrupa a 3.000 pequeños accionistas que perdieron sus ahorros con la resolución de Banco Popular y posterior venta a Santander por un euro.

«Estas cifras ponen de manifiesto que lo sucedido con el Popular ha vulnerado los derechos fundamentalmente de pequeños accionistas y ahorradores, lo que eleva el impacto y alcance del problema y hace más exigible aún la clarificación de lo sucedido y el resarcimiento a los afectados», ha afirmado la asociación.