Vox reclama una auditoría de los organismos públicos para evitar duplicidades y reducir costes
Vox ha presentado una iniciativa en el Congreso para que se realice una auditoría de los organismos públicos del Estado con el objetivo de identificar duplicidades y gastos ineficientes que permitan una simplificación administrativa para reducir costes.
El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha explicado que el objetivo de la proposición no de ley es auditar el gasto y mejorar la eficiencia de la Administración General del Estado.
«Queremos detectar las duplicidades y hacer un análisis cuantitativo y cualitativo del gasto para una estructura elefantiásica de la administración que no para de crecer», ha explicado ahondando en el coste que este organigrama tiene para los ciudadanos.
En este sentido, Vox repasa los impuestos que pagan los españoles y sostiene que se trata de un dinero que debe tratarse «con el máximo respeto, sensibilidad, cuidado y siguiendo el principio de máxima eficiencia».
El partido liderado por Santiago Abascal cifra el 5.000 millones de euros anuales el coste de los organismos autónomos del Estado, a los que habría que sumar los autonómicos y municipales, y critica que el Gobierno de Pedro Sánchez «despilfarre» en sus «obsesiones ideológicas» un dinero público que debe gestionarse «con el máximo cuidado».
«Es un tesoro para pagar a los funcionarios y no para estar constantemente renovando la flota de coches del Gobierno, derrochar en altos cargos o deconstruir la masculinidad», ha insistido apuntando que la Administración debe gestionarse «como haría un buen padre de familia».
Con este objetivo, Vox pide identificar entidades que tengan funciones similares o que sean susceptibles de generar sinergias con otras para plantear una racionalización y simplificación de su estructura, así como posibles fusiones o absorciones para reducir costes «que no generan valor añadido para los españoles».
También reclama realizar un análisis cuantitativo y cualitativo de los gastos de las entidades públicas para poner en marcha acciones que permitan «racionalizar los mismos bajo criterios de eficiencia y eficacia».
