El Parlamento Europeo pide a la Comisión una evaluación «más profunda y transparente» del Estado de Derecho en la UE

Una enmienda de Ciudadanos aboga por que también actúe contra las violaciones de regiones o ante la inacción de gobiernos centrales

El Parlamento Europeo ha reclamado este jueves a la Comisión Europea una evaluación «más profunda y transparente» del Estado de Derecho en los países miembros de la Unión Europea (UE), después de que la institución haya publicado su Informe Anual sobre el Estado de Derecho 2021.

Los eurodiputados han adoptado durante la jornada su revisión del informe con 429 votos a favor, 131 en contra y 34 abstenciones, donde se muestran «decepcionados» y han solicitado a la Comisión Europea un «alcance más amplio».

En concreto, según un comunicado del Parlamento Europeo, a pesar de sus sugerencias, la Comisión Europea no ha abordado las «numerosas» preocupaciones «interrelacionadas» sobre el estado de toda la gama de valores de la UE en los Estados miembros.

A su juicio, el informe debe diferenciar entre «incumplimientos sistémicos e individuales de los valores de la UE», por lo que también han pedido iniciar negociaciones para un mecanismo «completo y permanente» que proteja estos valores.

En este sentido, también han considerado que «debería alejarse» de la «documentación descriptiva» y adoptar un enfoque «analítico y prescriptivo» que identificaría tendencias «transversales, incluidas posibles vulnerabilidades sistémicas, a nivel de la UE».

Así, han lamentado que, en ausencia de esto, el informe actual no reconoce claramente el «proceso deliberado de retroceso del Estado de Derecho» en Polonia y Hungría, al tiempo que no identifica las deficiencias de otros países de la UE. El Parlamento también afirma que la «simple» presentación de «deficiencias o incumplimientos de diferente naturaleza o intensidad» corre el riesgo de «banalizar» cuestiones más graves.

No obstante, los eurodiputados han acogido «con satisfacción» la intención de la Comisión Europea de incluir recomendaciones específicas por país en el informe de 2022, pero han sugerido que se establezca un «vínculo directo» entre las conclusiones del informe y la activación de medidas correctoras.

El Parlamento Europeo también ha propuesto establecer un índice del Estado de Derecho, basado en una evaluación cuantitativa realizada por expertos independientes del desempeño de cada país y un índice del espacio cívico europeo para abordar los obstáculos a los que se enfrentan las organizaciones y los individuos en los Estados miembros.

El ponente Terry Reintke del grupo de Los Verdes/Alianza Libre Europea ha advertido de que si se deja «erosionar» al Estado de Derecho, los pilares de la UE «colapsarán». «Hemos aclarado nuestras expectativas a la Comisión Europea: necesita cumplir su labor como guardiana de los tratados», ha agregado, antes de indicar que el informe de la institución «debe ser eficaz» si no quiere convertirse en «otro instrumento que los gobiernos estén dispuestos a ignorar».

LA ENMIENDA DE CIUDADANOS

El informe aprobado por el Parlamento Europeo consta de una enmienda presentada por la eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundúa que aboga por que la Comisión Europea también actúe contra las violaciones por parte de las regiones o ante la inacción de gobiernos centrales.

Recoge así el dictamen de la Comisión de Peticiones, donde se pone énfasis en la necesidad del cumplimiento de la ley, también por parte de las administraciones locales y regionales, incluso si los gobiernos no actúan para evitar vulneraciones. Ciudadanos ha puesto el foco en que esta situación se produce en Cataluña con la negativa a cumplir con el 25 por ciento de español en la educación.

En concreto, el texto parlamentario pide a la Comisión que «haga cumplir» los valores fundamentales de la UE «cuando sean vulnerados por los Estados miembros o cuando los Estados miembros no actúen en caso de vulneraciones cometidas por entidades subestatales con el fin de aumentar la confianza de los ciudadanos en la judicatura». También reclama a la Comisión Europea que utilice «todos los medios a su alcance para actuar en este sentido, en particular, el mecanismo de condicionalidad del Estado de Derecho, cuando proceda».

La Comisión de Peticiones también lamenta «las actitudes de las autoridades del Gobierno catalán, que alardean públicamente de su negativa a cumplir las sentencias dictadas por los tribunales competentes en el ámbito de la educación, vulnerando de forma flagrante el derecho de los niños a estudiar en la lengua oficial de su Estado miembro». Asimismo, considera que estas actitudes y acciones, junto con el acoso a los demandantes «ponen en peligro el respeto del Estado de Derecho y la separación de poderes, lo que perjudica gravemente la ley y los derechos de los ciudadanos».

«La UE tiene que hacer cumplir el Estado de Derecho también cuando los gobiernos quedan impasibles ante entidades subestatales que lo vulneran, como la UE ha actuado en los casos de los ayuntamientos que declararon espacios libres de LGTBI en Polonia y como debería actuar en el caso de Cataluña, donde hay sentencias que el Gobierno ultranacionalista tampoco quiere acatar», ha indicado Pagazaurtundúa en su intervención en el Pleno.

OPINIONES SOBRE LA JUDICATURA POR PARTE DE LOS POLÍTICOS

En un comunicado, Ciudadanos también ha informado de que el informe aprobado llama la atención sobre el tratamiento y opiniones que se viertan sobre la judicatura por parte de los políticos. «Pide a los Estados miembros que protejan a los jueces y fiscales de los ataques y presiones políticas que tienen como objeto socavar su trabajo, a fin de garantizar plenamente su independencia», reza.

«El Estado de Derecho debe hacerse cumplir en todo el territorio de la UE, independientemente de quien lo vulnere», ha resumido Pagazaurtundúa.