PP lleva a juez instrucciones de Consellería de Oltra sobre cómo actuar en casos de incidentes para probar que «mintió»

VALENCIA, 18

El PP ha anunciado que aportará al juez las instrucciones que había en la Conselleria de Igualdad sobre cómo comunicar la existencia de hechos o incidentes relevantes en centros residenciales y servicios de protección y reeducación de menores de la Comunidad Valenciana, entre ellas, la que estaba vigente cuando el exmarido de la titular de este departamento, Mónica Oltra, abusó de una menor tutelada, para acreditar que la vicepresidenta «mintió» al «negar» su existencia.

Así lo ha anunciado la síndica del PPCV, María José Catalá, en atención a los medios de comunicación este miércoles en Les Corts, donde ha afirmado que presentará las instrucciones de julio de 2004 y mayo de 2013 tras haberle facilitado ambos documentos la Conselleria de Igualdad. Los abusos por los que fue condenado a cinco años de prisión el exmarido de Oltra ocurrieron entre 2016 y 2017 cuando la menor tenía 14 años.

Catalá, que ha anunciado que el PP está barajando personarse en la causa, ha hecho publica una respuesta parlamentaria, ante la petición que formularon los populares , en la que la Conselleria de Oltra afirma que existían dos Instrucciones, una de 2004 y otra de 2013, –más otra vigente de 2020– en las que se establecía el protocolo de actuación en caso de tener conocimiento de un caso de abuso a un menor.

En las instrucciones, que ha facilitado el PP a los medios de comunicación, aparecen dos apéndices en los que se especifica cómo los centros de menores deben comunicar estos casos. En la de 2014 se señala que en ocasiones, en los centros relacionados con menores, se producen hechos o incidentes de relevancia que «exceden del normal funcionamiento» de los mismos y que precisan de la «comunicación inmediata» al órgano responsable, Servicios Territoriales o Dirección General del Menor, de la Conselleria.

Por ello, y sin perjuicio de los medios ya existentes de comunicación entre los Servicios Territoriales de la Conselleria de Bienestar Social y los centros y servicios de protección y reeducación de menores, «o de proceder a interponer en su caso las correspondientes denuncias», con el fin de garantizar un conocimiento inmediato por la entidad pública competente de los hechos e incidencias relevantes que se produzcan tanto en los centros de protección o reforma, como en los servicios de menores», acuerda una serie de instrucciones de comunicación del hecho y su tipología.

Todos los centros deben comunicar «de forma inmediata» a la Dirección territorial de Bienestar Social de la que dependen los hechos donde los menores puedan ser sujetos pasivos, víctimas de accidentes graves o faltas graves o sujetos activos como autores de agresiones o incidentes graves; hechos o incidentes en los que los trabajadores puedan ser víctimas de accidentes laborales, delitos o faltas graves o aquellos que pueden derivar de actuaciones o comportamientos del personal del centro en infracción o extralimitación de sus funciones.

Para la comunicación dispone de una serie de móviles, que incluye la guardia de medidas judiciales, sin perjuicio de la remisión del comunicado por fax a la Dirección territorial correspondiente, que de forma inmediata dará cuenta a la Dirección General del Menor, por móvil, a otra serie de teléfonos, incluidas las medidas judiciales.

MENCIÓN A FISCALÍA

En una instrucción posterior, fechada el 30 de enero de 2020, se detallan exhaustivamente las situaciones a comunicar –entre ellas, «algún tipo de abuso o agresión»– y el procedimiento a seguir, que incluye, en caso de delitos de los trabajadores, la apertura por la Dirección Territorial correspondiente de un expediente informativo para esclarecer o ampliar lo ocurrido, «sin perjuicio de la inmediata comunicación al ministerio fiscal».

A juicio de Catalá, en el momento de los hechos, la Conselleria «sí que tenía una instrucción que obligaba a comunicar a la Fiscalía de menores cualquier denuncia de abusos a una menor» y ha afirmado que, con estos documentos, se constata que Oltra «mintió al negar que tuvieran instrucciones de actuación».

A su juicio, «queda acreditado que, en el momento en que la dirección territorial tuvo conocimiento de la denuncia, no cumplió con su obligación y no lo comunicó a la dirección general» ni tampoco, según añade, a la Fiscalía. Para la síndica del PP, en el caso de los abusos a la menor tutelada se sucedieron «una cadena de irresponsabilidades» y considera que estas dos instrucciones «obligaban» a la comunicación a Fiscalía y estaban en vigor hasta la posterior de 2020.

«HACER EL RIDÍCULO»

El diputado y portavoz de Compromís en la Comisión de Política Social y Empleo, Carles Esteve, ha acusado en un comunicado al PP y Catalá de «ponerse en evidencia y volver a hacer el ridículo más absoluto reciclando temas que ya están más que contestados por la vicepresidenta Oltra en sede parlamentaria y a los medios de comunicación».

«Catalá demuestra que no tiene nada más que decir», ha dicho y le ha preguntado «por qué se ha esperado a mayo» para decir que está pensando en personarse, «cuando ella ya sacó esa documentación en la sesión de la Diputación Permanente del 18 de enero. Y la señora vicepresidenta, Mònica Oltra, se lo explicó claro y raso que tanto la instrucción 6/2004 como la 9/2013 no hablan de abusos sexuales».

Según Esteve, «la síndica del PP lleva un año revolviendo toda la documentación que ha tenido a su alcance desde el primer día. Pero siempre vuelve a las mismas cuestiones que ya están más que contestadas. El PP huye de la verdad, suelta una fake y se queda tan ancho. Ya estamos esperando ansiosas la siguiente noticia que se inventará».