Más País exige reactivar la Ley de Memoria Democrática y que el Gobierno recoja enmiendas de sus socios

También demanda desbloquear otros proyectos como la ley sobre bebés robados y la recuperación del principio de justicia universal

Más País ha registrado una iniciativa en el Congreso reclamando al Gobierno de coalición que permita desbloquear la Ley de Memoria Democrática, la reforma de la Ley de Secretos Oficiales y la relativa a los casos de bebés robados para cumplir sus promesas en materia de justicia y reparación de las víctimas del régimen franquista. De hecho, alerta de que no se puede ser «tibio» cuando ya se ha superado el primer tramo de la legislatura.

En una proposición no de ley para su debate en la Comisión Constitucional de la Cámara Baja, la formación que lidera Íñigo Errejón exige al Ejecutivo que incorpore las enmiendas a la normativa de Memoria Democrática que mejoran el texto original, sobre todo a las medidas de acceso a la justicia para los represaliados por la dictadura.

Asimismo, demanda que el Gobierno colabore con la justicia argentina en la denominada querella argentina, que investiga la violación de derechos humanos por el régimen franquista.

La nueva Ley de Memoria Democrática se quedó encallada en el Congreso el pasado mes de diciembre, pues los grupos presentaron sus enmiendas parciales pero, ante la falta de acuerdo, no se ha llegado a convocar la ponencia para empezar a debatir el articulado. Según reconocen fuentes parlamentarias, el principal escollo se circunscribe a su afectación a la Ley de Amnistía de 1977, dado que los independentistas quieren que sea modificada y el PSOE lo rechaza.

En la exposición de motivos de la iniciativa, Más País recuerda que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se comprometió en su investidura a impulsar la reparación a las víctimas del franquismo.

Sin embargo, lamenta que pasado el «ecuador» de la legislatura se asiste al bloqueo de los proyectos de ley de Memoria Democrática, la reforma de la Ley de Secretos Oficiales y la Ley sobre bebés robados y la recuperación del principio de justicia universal en el Código Penal español.

EL TEXTO DEL GOBIERNO NO ES SATISFACTORIO

De todos ellos, Más País alude a que el más importante es el de Memoria Democrática, que ya arrastró demora hasta que fue aprobado en el Consejo de Ministros y ahora se encuentra «paralizado» durante meses en el Congreso, al no constituirse la ponencia aunque el plazo de enmiendas ya se cerró.

«Esta paralización puede deberse, entre otras cosas, a que el texto tal y como está ahora redactado, no satisface demandas fundamentales de las víctimas, así como algunos de los acuerdos internacionales que España ha ratificado», ahonda el partido de Íñigo Errejón.

Sobre todo, tras «dejar patente» asociaciones y organismos, como la Unión Progresista de Fiscales, que el texto no incorpora ninguna modificación legislativa para «investigar y enjuiciar las graves violaciones» de derechos humanos durante el franquismo, ni tampoco se declaran ilegales las sentencias represivas ni se garantiza la reparación económica de las víctimas.

Por tanto, exige que se arbitre «un mecanismo de reconocimiento y reparación», que se extienda también al periodo temporal de la transición.

PEGASUS EXIGE REFORMAR RÁPIDO LA LEY DE SECRETOS OFICIALES

En cuanto a la reforma de la Ley de Secretos Oficiales, que data de 1968 y que lleva la firma de Luis Carrero Blanco, Más País tampoco es optimista en el balance al reprochar su «paralización» sin avances conocidos, pese a que el Ejecutivo lleva «más de dos años» comprometiéndose a desplegar cambios a través de sus sucesivos planes normativos.

Una situación que excede a las actuaciones de reparación frente al régimen franquista, puesto que la ausencia de reformulación afecta «de manera profunda la calidad democrática» y «restringe enormemente los mecanismos de transparencia y control democrático». Máxime ante el «gravísimo» caso de espionaje mediante el programa Pegasus, que debería provocar la reacción del Ejecutivo para acelerar la reforma.

«La misma ausencia de voluntad política se topa con la proposiciónde Ley de Bebés Robados, paralizada desde hace más de dos años en la Comisión de Justicia», afea la formación para recriminar que, todo ello, no deja dudas de que el Ejecutivo no está cumpliendo sus compromisos.

En consecuencia, critica que «desgraciadamente» las normas aprobadas en materia de justicia y reparación han estado orientadas a reconocimientos institucionales «parciales, tibios y absolutamente insuficientes».