El Gobierno descarta aprobar por decreto la reforma del RETA y asegura que «no se hará con prisas»

El secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Israel Arroyo, ha descartado este miércoles la aprobación vía decreto ley de la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), que hará al colectivo cotizar en función de sus ingresos reales.

En la rueda de prensa que ha celebrado junto al secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, para valorar los datos de paro y afiliación del mes de abril, Arroyo ha subrayado que se sigue hablando con las asociaciones de autónomos y los agentes sociales y que no hay «presión» por parte de Bruselas para que se cierre este tema, pues en el acuerdo que se alcanzó en junio se habla de un periodo máximo de 9 años para su implantación.

«Es una reforma que Gobierno y agentes sociales estamos decididos a llevar a cabo. Es una presión que nos hemos autoimpuesto, pero no vamos a hacer una reforma con prisas y equivocada (…) Estamos muy cómodos con la presión autoimpuesta», ha apuntado.

Para Arroyo, lo más importante es ir dando pasos «sólidos» para que no sea una reforma «fallida» y garantizar el máximo consenso con los implicados. Así, aunque ha afirmado que es una reforma «necesaria y hasta cierto punto urgente» por todas las «intentonas» de los últimos años, no hay que tenerla aprobada por completo antes de junio.

«Está lo suficiente madura como para ponerla en marcha de manera más o menos rápida, pero es una reforma muy importante que necesita un periodo transitorio, que tendrá consecuencias económicas y un cierto decalaje para poder ser digeridas, porque habrá un número mayor de autónomos que cotizará menos y un número menor que cotizará más pero con mayor protección», ha apuntado.

Arroyo ha asegurado que lo hitos «intermedios» y comprometidos con Bruselas en el Plan de Recuperación se van a cumplir, pero ha insistido en que se está viendo cómo llegar a ese periodo de 9 años. «Estamos negociando los ritmos. Hay que tener aprobadas algunas cosas antes del 1 de junio, pero no todo», ha precisado.

Respecto a otras modificaciones comprometidas con la Comisión Europea, como el aumento de la base máxima de cotización o la adaptación del periodo de cálculo de la pensión a las nuevas carreras laborales, con más interrupciones en la cotización que en el pasado, Arroyo ha explicado que son cuestiones que se han tratado de manera preliminar con los agentes sociales y que se empezarán a concretar en la mesa de negociación, aunque sin fecha concreto, pero con una base «amplia» para el acuerdo.

Ambas medidas forman parte de la segunda pata de la reforma de pensiones y, según ha explicado, «no están condicionadas» a cerrar otros flecos pendientes de la primera parte de la reforma. Se trata, más bien, «de un problema de tiempo material y de cuadrar calendarios», pues hay muchas mesas de diálogo social abiertas y los interlocutores suelen ser los mismos.

Preguntado por si el Ejecutivo baraja aumentar las pensiones mínimas por encima del IPC para 2023, Arroyo ha recordado que estas pensiones han estado subiendo por encima de la inflación en los últimos años y ha subrayado que la intención del Gobierno es que, en el diálogo social, se acuerde algún mecanismo para esta decisión de elevar las mínimas más allá del IPC se base en elementos objetivos y «no discrecionales».