El Gobierno defiende la actuación del CNI frente a las noticias del espionaje a ministros que se investigó en 2020
El Gobierno ha defendido la actuación del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ante noticias sobre el supuesto espionaje a ministros y altos cargos desvelado hace año y medio, incidiendo en que tanto el Ejecutivo como los espías españoles actúan «con pleno sometimiento» a la legalidad vigente, «como no puede ser de otro modo».
Ahora el CNI ha vuelto al primer plano por las denuncias de supuesto espionaje a políticos independentistas a través del programa Pegasus que la firma israelí que lo diseñó sólo vende a gobiernos y servicios de Inteligencia. Este otro caso ha llevado a ERC a exigir dimisiones en el Gobierno y a amenazar con votar en contra de decretos del Gobierno.
El pasado mes de enero, antes de conocerse las últimas noticias sobre el supuesto espionaje a independentistas, el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu se interesó por el hecho de que, en agosto de 2020, desde el Departamento de Seguridad Nacional de Presidencia del Gobierno se estaba investigando el hackeo a los móviles de varios responsables gubernamentales y otros altos cargos, como los en su momentos ministros de Justicia, Juan Carlos Campo, y Exteriores, Arancha González Laya.
La respuesta que recibió entonces no le satisfizo y a principios de marzo insistió con el tema. En su primera contestación, el Ministerio de Defensa se limitó a informarle de que el resultado de las actuaciones realizadas, en relación con el incidente objeto de la iniciativa, fue «trasladado a las autoridades pertinentes» para que adoptasen las acciones que considerasen oportunas.
El diputado de Bildu se quejó después que el Gobierno reconociera «el incidente», pero no contestase a las preguntas que le había planteado y las volvió a registrar para conocer el resultado de la investigación que supuestamente se había abierto sobre los hackeos mediante software , si se descubrió quién estaba detrás y desde qué país se produjeron.
Iñarritu también reclamaba datos sobre el número de miembros del Gobierno que fueron víctimas de estos ataques, si fueron denunciados, si se abrieron diligencias penales, qué instrucciones se dio a las personas afectadas, qué medidas se tomaron para evitar que se repitieran y si se han producido más, cuándo y contra quiénes.
Sin embargo, el Gobierno tampoco ha dado respuesta a todos estos interrogantes en su nueva respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press.
TODO CONFORME A LA LEY
En concreto, se limita a recalcar que «el Gobierno, a través del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), como no puede ser de otro modo, actúa con pleno sometimiento al ordenamiento jurídico y con absoluto respeto a la legalidad vigente».
Además, añade que el Ejecutivo «se somete a los distintos controles (económicos, judiciales y parlamentarios) previstos en la legislación, tal y como ordena expresamente el artículo 2 de la Ley reguladora del CNI.
En esta línea, recuerda a Iñarritu que el artículo 5.1 de esa norma establece que «las actividades del Centro Nacional de Inteligencia, su organización, estructura, personal, fuentes de información «y las informaciones o datos que puedan conducir al conocimiento de las anteriores materias, constituyen información clasificada, con el grado de secreto»
Por último, subraya que «dada la clasificación de secreto que caracteriza legalmente a la información relacionada con las actividades del CNI, el control parlamentario de las mismas «debe recabarse a través del órgano legalmente destinado a ese fin en el Congreso de los Diputados: la Comisión de control de los créditos destinados a gastos reservados», un órgano que casi dos años y medio después del inicio de la legislatura, sigue sin constituirse.
