La OEA acusa al Gobierno de Nicaragua de «ocupar» sus oficinas y le recuerda que sigue siendo miembro
La secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA) ha afirmado que Nicaragua sigue siendo Estado miembro y que, por tanto, no tiene derecho a «ocupar ilegalmente» las oficinas de esta institución en Managua, horas después de que el Gobierno de Daniel Ortega rompiese relaciones.
Las autoridades nicaragüenses han ordenado la retirada de sus representantes ante la OEA y el cierre de la sede en Managua de una organización cuya actividad consideran «calamitosa, truculenta y mentirosa», vinculada al «imperialismo yanqui», según el Ministerio de Exteriores.
Sin embargo, para la oficina que dirige Luis Almagro se trata de «una violación de las más elementales normas internacionales». Así, ha recordado que aunque Nicaragua haya denunciado la Carta de la OEA, su salida sólo sería posible a finales del año 2023.
La entrada en vigor de dicha denunciaría estaría también «sujeta a que para entonces este país haya cumplido con todas las obligaciones que el Sistema Interamericano le impone a todos sus miembros, en el respeto y cumplimiento de sus fines y propósitos», según la nota.
Hasta entonces, «Nicaragua es miembro pleno de la Organización y debe cumplir con todas sus compromisos», lo que pasa también por respetar la «inmunidad» de las actividades de este organismo.
«Sus oficinas, archivos y documentos gozan de la más absoluta inviolabilidad. Su violación por las autoridades nicaragüenses les hace internacionalmente responsables por sus consecuencias», ha advertido la secretaría general en su nota.
Después de los comicios celebrados el 7 de noviembre de 2021, entre acusaciones de fraude y críticas por la represión del Gobierno a la oposición, la OEA aprobó una resolución en la que declaraba «ilegítimas» las elecciones, dejando en evidencia la división política en el continente.
Asimismo, el embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo McFields, se desmarcó en marzo de la línea oficial para denunciar durante una reunión de la OEA denuncia la «dictadura» de Daniel Ortega y reclamar la liberación de los presos políticos, lo que le valió su destitución inmediata.
