El Gobierno garantiza al PNV que la nueva ley dará cobertura a las víctimas de los sucesos de Vitoria de 1976

El Gobierno ha garantizado al PNV que la nueva Ley de Memoria Democrática dará cobertura a las personas que «sacrificaron todo en defensa de la democracia», entre ellas los cinco trabajadores fallecidos en los sucesos del 3 de marzo de 1976 en Vitoria.

Así lo señala el Ejecutivo al diputado del PNV Mikel Legarda, quien le pidió cuentas sobre el reconocimiento a las víctimas al cumplirse 46 años de su muerte provocada por la intervención policial en iglesia de San Francisco, del barrio vitoriano de Zaramaga, donde cientos de trabajadores se reunieron en asamblea en el transcurso de una huelga.

En su escrito, Legarda se quejaba de que hasta ahora «no han tenido ningún éxito las demandas que se han formulado para el resarcimiento de las víctimas y sus familiares» y preguntaba al Gobierno si «reconoce la lucha de aquellos trabajadores por la democracia» y si tiene intención de «reconocer su derecho al resarcimiento moral, político, histórico y económico».

Desde Moncloa le han garantizado que estas cuestiones «tendrán encaje y cobertura» en la futura ley, cuya tramitación se mantiene congelada en el Congreso a la espera de que se convoque la ponencia para la discusión de las enmiendas registradas a finales de 2021 por los grupos.

En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno hace hincapié en que esa ley, que el Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de julio, permitirá «dignificar aún más nuestra democracia, honrando a quienes lo sacrificaron todo en su defensa», reparar «tantos años de olvido» y que las nuevas generaciones «conozcan en plenitud qué ocurrió», porque sólo así «podrá evitarse que tan terribles hechos se repitan».

YA HUBO INDEMNIZACIONES

Pero además, el departamento que dirige Félix Bolaños resalta que ya en la Ley de Memoria Histórica dd 2007 se incluyó «expresamente un reconocimiento a favor de personas fallecidas en defensa de la democracia durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1968 y 31 de diciembre de 1977».

En este contexto recuerda que se fijaron indemnizaciones a los beneficiarios de quienes fallecieron en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos durante dicho periodo, o a quienes hubieran sufrido lesiones incapacitantes por los mismos hechos en el período citado.

En el caso concreto de las víctimas de Vitoria, reseña el Ejecutivo, fueron trece los familiares de las cinco personas fallecidas quienes, entre marzo de 2009 y marzo de 2010, vieron reconocido su derecho a las indemnizaciones que establece la norma aún vigente y recibieron un montante total de 675.000 euros.

Asimismo, apunta que en 2011 el Ministerio de Justicia expidió Declaración de Reparación y Reconocimiento Personal a favor de tres de ellas «al quedar acreditado que habían sufrido persecución y violencia» y que fallecieron «por disparos de arma de fuego de las fuerzas de Orden Público», durante el desalojo de la iglesia de San Francisco.

También recuerda que las Juntas Generales de Álava y el Gobierno vasco también han aprobado normas que contemplaban indemnizar o completar las indemnizaciones recibidas por los familiares de los cinco fallecidos y también a los heridos en aquellos sucesos.

NUEVAS MEDIDAS REPARADORAS

Además de estos reconocimientos, el Gobierno incide en que con la nueva Ley de Memoria Democrática se reconoce «el derecho de las víctimas, sus familiares y la sociedad en general, a la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de los motivos y circunstancias en que se cometieron las violaciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de los derechos humanos».

Para ello, detalla, se contempla un conjunto de acciones tendentes a restablecer la dignidad de las víctimas y a difundir lo sucedido mediante «el reconocimiento público del carácter de víctima, de su dignidad, nombre y honor, la realización de actos conmemorativos y homenajes públicos, reconocimientos públicos y solicitudes de perdón, así como el diseño e instalación de lugares de memoria públicos, con perspectiva de reparación a las víctimas y profundización y consolidación de la memoria democrática».