Interior busca acuerdos con las comunidades para dejar de pagar gastos de elecciones autonómicas que no convoca
El Ministerio del Interior quiere seguir firmando acuerdos con las comunidades autónomas para dejar de pagar gastos en procesos electorales que no convoca ni gestiona, como son los comicios autonómicos.
A preguntas del PP sobre las recomendaciones del Tribunal de Cuentas en uno de sus últimos informes, Interior explica que, cuando las elecciones autonómicas coinciden con las municipales, es necesario repartirse los gastos que conllevan ambos procesos y a tal fin ya empezó a firmar convenios con las comunidades para pagar a escote .
En este sentido, los convenios de colaboración suscritos con vistas a las elecciones autonómicas y municipales de mayo de 2019 «supusieron un avance más en la asunción de responsabilidades por parte de las comunidades, correspondiéndoles el pago del 50% de los representantes de la Administración y del transporte gratuito de electores».
Según explica en la respuesta parlamentaria recogida por Europa Press, ese reparto al 50% «se mantendrá en futuros convenios de todos los gastos derivados de la concurrencia electoral en ese ámbito territorial».
Pero, además, recuerda que años antes el Ministerio ya intentó «realizar un ajuste adecuado de los gastos» entre el Estado y las comunidades autónomas, con la modificación del decreto de abril de 1999, para tratar de repartirse el coste de los envíos de propaganda electoral, cuyos gastos asume en su totalidad el Estado en el caso de procesos electorales autonómicos.
En un informe de 2013, el Consejo de Estado reconoció que el Estado financia gastos de elecciones que no convoca, sobre todo en lo referido a compensar a Correos por su colaboración con el proceso electoral.
El organismo asesor entiende que «cada poder público convocante de unas elecciones soporte el coste de su decisión, en la parte relativa a los envíos postales» pues «ayuda a responsabilizarse de las propias decisiones públicas y a rendir cuentas a la ciudadanía». Pero al mismo tiempo advertía de que «con el actual régimen jurídico no es posible con carácter general que todo el coste de un proceso electoral lo soporte el poder público que lo convoca».
Por ello, Interior ya anuncia su intención de volver a suscribir convenios de colaboración con las comunidades con vistas a la celebración de las próximas elecciones locales, en mayo del próximo año, en los que habrá que tener en cuenta la recomendación del Tribunal de Cuentas.
