El PP exige un plan para recortar gastos y suprimir entidades públicas para afrontar el coste de la guerra
El PP quiere que el sector público asuma con un recorte de gasto las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania, para lo cual ha presentado en el Congreso un plan que incluye reducir partidas de gasto, suprimir organismos y empresas públicas y promover una conferencia de presidentes para que cada comunidad apruebe también su propio plan de contención del gasto público. Todo ello, especifican los populares , sin que en ningún caso afecte a «servicios públicos esenciales».
Estas son algunas de las medidas que el PP ha incluido en una moción, a la que ha tenido acceso Europa Press, consecuencia de la interpelación urgente dirigida a la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, esta semana en la Cámara Baja. La iniciativa se someterá a votación en el próximo Pleno del Congreso, ya después de Semana Santa.
En la moción, el PP destaca la caída del crecimiento consecuencia de la crisis tras la invasión rusa de Ucrania, los elevados niveles de inflación y un gasto público y niveles de deuda en máximos históricos.
En este sentido, critican que, a la hora de hablar del reparto de los costes de la guerra, «el Gobierno no se incluya en ese reparto» pues, a su juicio, «sigue funcionando sin ningún tipo de ajuste ni empatía hacia unas familias que cada vez tienen más dificultades para llegar a fin de mes».
ENTES SIN UTILIDAD NI BENEFICIO SOCIAL O ECONÓMICO
Por ello, piden al Gobierno un plan de acciones que reduzca partidas de gasto de los Presupuestos que carezcan de utilidad pública o no revistan las condiciones de eficacia y eficiencia para el cumplimiento de los objetivos establecidos.
Asimismo, reclaman un plan para la supresión de entidades públicas cuyo mantenimiento sea innecesario, por «no reportar ninguna utilidad» ni «beneficio económico o social razonable», incluyendo sociedades mercantiles, consorcios, fundaciones, fondos sin personalidad jurídica o cualquier organismo y entidad vinculado o dependiente de la Administración General del Estado.
Respecto a las comunidades autónomas, piden la convocatoria de una Conferencia de Presidentes a partir de la cual cada comunidad apruebe su propio «plan de contención del gasto público improductivo y de racionalización del sector público institucional de cada una de ellas».
Esta reducción, especifican, «en ningún caso afectará a servicios públicos esenciales», y apostillan este punto reclamando también «un plan de estímulos fiscales y de ayudas que permitan paliar las necesidades sociales y económicas de las familias y las empresas en este país».
