El TJUE examina este martes las cuestiones que Llarena planteó sobre las euroórdenes por el 1-O

BARCELONA, 4

La defensa de la exdiputada de la CUP Anna Gabriel defenderá este martes en la vista ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre las euroórdenes por el 1-O que «la justicia de los tribunales europeos no puede quedarse indiferente y debe corregir la posición» del Tribunal Supremo (TS).

El abogado de Gabriel, el también exdiputado de la CUP Benet Salellas, comparecerá este martes ante el tribunal para argumentar su rechazo a la petición de entrega que el juez instructor Pablo Llarena cursó contra ella y otros dirigentes independentistas, ha informado la CUP en un comunicado este lunes.

Durante la vista, se examinará la cuestión prejudicial remitida por el magistrado para aclarar el alcance de las euroórdenes que dictó contra el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, exmiembros de su Govern y las exdiputadas Anna Gabriel y Marta Rovira, después de que un tribunal belga no ejecutara la dirigida contra el exconseller Lluís Puig.

«La resolución de las prejudiciales en esta vista ante el TJUE es una nueva oportunidad para escoger entre avanzar y reforzar en la construcción de un sistema que tenga los derechos fundamentales en el centro o, en cambio, validar el esquema de una UE que da la espalda a las situaciones de injusticia», ha añadido.

COMPARECER ANTE EL TS

La defensa de Gabriel argumentará que la decisión del juez belga de no acceder a la petición del instructor fue «acertada porque protegió a Lluís Puig del riesgo de vulneración de derechos fundamentales».

Durante el procedimiento, el abogado de Gabriel defendió que su causa –por presunta desobediencia– debía juzgarla un juzgado ordinario de Barcelona, y no el TS.

Sin embargo, Llarena contestó que Gabriel debía comparecer en todo caso primero ante el TS y que la acusación contra ella aún debía concretarse, por lo que su defensa cree que existen «razones de peso para Gabriel para desconfiar» del instructor y de que no hay ninguna seguridad, en sus palabras, de que no terminará procesada por presunta corrupción.