Colau y comunes exigen, vía enmienda, regulación «efectiva» del alquiler en la nueva ley y que Sánchez cumpla su palabra

Piden en el Congreso destinar un 1% del PIB a vivienda pública y ligar todos los pisos al índice de referencia

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha planteado enmiendas a la futura Ley de Vivienda, a través de En Comú Podem, para lograr una regulación «efectiva» del alquiler para bajar los «precios abusivos», algo que a su juicio ahora no está garantizado.

Además, ha apelado directamente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a que cumpla su palabra y despliegue el compromiso que adquirió personalmente con ella y que también recoge el pacto de coalición con Unidas Podemos.

Junto a ello, aspira a que se dedique al menos un 1% del PIB a políticas públicas de vivienda, obligar a los grandes propietarios a ofrecer un alquiler social antes de emprender un proceso de desahucio, articular mecanismos de financiación de inmuebles destinados a alquiler social y cambiar la fiscalidad para dar bonificaciones a los promotores que ofrezcan pisos a precios asequibles.

De esta forma, la aspiración del Consistorio barcelonés es que los pequeños propietarios también se sometan al índice de referencia fijado por la normativa, combinado con las bonificaciones fiscales que ya se contemplan en el texto.

Así lo ha planteado a los medios de comunicación en el Congreso tras el registro de una treintena de modificaciones al proyecto normativo, mediante la confluencia catalana de Unidas Podemos, junto a la concejal de Vivienda del Ayuntamiento, Lucía Martín, y el diputado del espacio confederal Gerardo Pisarello.

LA LEY COMO ESTÁ AHORA «NO CAMBIA LA REALIDAD DEL MERCADO»

«Hay que decir que la ley, con la redacción inicial de la ley, no es efectiva. Si la ley se aprobara tal y como se aprobó inicialmente no cambiaría la realidad del mercado de la vivienda y eso seria inaceptable», ha lanzado.

Colau ha expresado que es «inédito» que una regidora impulse enmiendas en el trámite final de una ley estatal, pero ha reivindicado que era «obligado» hacerlo porque la situación del alquiler es «excepcional», por lo que debe hacer el «máximo esfuerzo» para que esta normativa, que llevan mucho tiempo esperando, sea «realmente efectiva».

«Nos jugamos muchísimo» ha asegurado la regidora de la ciudad condal para destacar que Barcelona es la ciudad donde más repercute esta ley, pues el 40% de la población opta por este régimen (más de 500.000 personas), y que estas enmiendas también aspiran a mejorar el alquiler de otras grandes ciudades, donde se produce el fenómeno de mercados tensionados.

Además, Colau ha explicado que se reunió hace pocos días con las ministras coproponentes de la normativa Raquel Sánchez (Transportes) e Ione Belarra (Derechos Sociales) para exponer su postura y cree que hay buena receptividad de cara a asumir esos cambios. En este sentido, fuentes de los comunes subrayan que las enmiendas que impulsan tienen plena sintonía con el resto del espacio confederal.

Y es que la alcaldesa ha insistido en que, ante un mercado del alquiler «asalvajado» y «descontrolado», las familias trabajadoras tiene que hacer «auténticos malabarismos» para llegar a fin de ley y, en consecuencia, la ley debe «ser la buena» y «cambiar esa realidad».

De hecho, coincide desde la «experiencia» y el «conocimiento» de Barcelona, que a su juicio ha desplegado más políticas de vivienda pública que nadie, en que esta ley es «insuficiente» como proclaman los sindicatos y colectivos sociales, como el Sindicato de Inquilinos y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

Por ejemplo, en materia fiscal Colau ha lamentado que se dé «alfombra roja» a los fondos buitre que «especulan sin control» mientras que a los promotores que impulsan vivienda social pagan muchos impuestos, lo que supone el «mundo al revés».

BONIFICACIONES A PROMOTORES DE VIVIENDA SOCIAL

En consecuencia, los comunes proponen medidas como aplicar un IVA reducido del 10% a los promotores que construyan edificios destinados a viviendas de protección pública del alquiler con un periodo de arrendamiento superior a 50 años y con precios que estén un 30% por debajo de los marcados por el índice de referencia de la normativa, junto a otras bonificaciones fiscales que alcanzarían hasta el 85%, como por ejemplo en el impuesto de Sociedades.

También aspiran a suprimir el periodo de carencia de hasta 18 meses para poder desplegar la regulación de los precios del alquiler y que, de cara a 2023, se eleve hasta el 1% del PIB la inversión para garantizar un parque de vivienda a precios asequibles.

A su vez, pautan que el Estado deberá contar en todos los municipios con al menos 5.000 habitantes, en el plazo máximo de 20 años, de un parque mínimo de viviendas destinadas a políticas sociales de al menos un 20%.

Por otro lado, la edil de Vivienda de la ciudad condal ha explicado que se debe variar el régimen de subidas ligado al IPC acorde con la situación actual y replicar la normativa catalana que obliga a todos los propietarios a someterse a ese índice de referencia, dado que si se limita a los grandes tenedores quedarían fuera el 70% de la oferta.

Ello ligado a la «pata» que ya contempla el proyecto normativo de desplegar bonificaciones, pero unido a esa regulación con vistas a que los precios también puedan bajar, una propuesta que a su juicio no implica una «gran intervención» del mercado puesto que esas referencias que se propondrán son precios de mercado.