El gran consumo advierte de «importantes costes» para las empresas tras la aprobación de la Ley de Residuos

Aecoc cree que las iniciativas legislativas en materia de sostenibilidad deben ser también compatibles con la competitividad empresarial

La Asociación de Empresas de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc), tras la aprobación ayer en el Congreso de los Diputados de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, ha considerado «inadecuado» que la normativa supere las exigencias y objetivos marcados por Europa en materia de sostenibilidad y protección del medio ambiente y que lo haga además añadiendo «importantes costes económicos» a las empresas en un contexto de la «máxima complejidad».

En concreto, la patronal del gran consumo ha reconocido que la aprobación de la norma era necesaria para que España cumpla con las directivas europeas en gestión de residuos, plásticos de un solo uso y economía circular.

«De hecho, ése es también el objetivo de la cadena de valor del gran consumo, que lleva años demostrando su compromiso con la protección del medioambiente mediante el impulso de estrategias e iniciativas destinadas a reducir el impacto de su actividad y a la protección del entorno», han recordado en un comunicado.

Por eso, la asociación señala que «resulta inexplicable» que la ley aprobada marque objetivos que van más allá de los fijados por Europa, trasladando así «sobrecostes a las empresas» y «poniendo en riesgo la competitividad de las compañías españolas», que tendrán que destinar mayores recursos que sus competidores europeos para el cumplimiento de la norma.

De esta forma, la ley prevé ampliar las contribuciones financieras de las empresas productoras a la hora de asumir los costes de la recuperación y limpieza de los residuos abandonados en vías públicas, zonas verdes, áreas recreativas y playas, trasladando así a la empresa privada una responsabilidad que anteriormente se gestionaba con fondos públicos.

La norma que, según la patronal, de nuevo va más allá de las exigencias establecidas por las directivas europeas, es un «claro desincentivo» para que otros agentes -como las administraciones públicas o los consumidores- se involucren en la separación de los residuos, y además no contribuye a mejorar en el cumplimiento de los objetivos medioambientales.

Aecoc reafirma el compromiso de toda la cadena de valor del gran consumo con la protección del medioambiente y con el cumplimiento de los ODS, pero considera que las iniciativas legislativas en materia de sostenibilidad deben ser también compatibles con la competitividad empresarial y del conjunto de la cadena de valor de un sector esencial para la economía y la sociedad.