PAMPLONA, 31

La Junta de Transferencias entre la Administración del Estado y Navarra ha alcanzado este jueves un acuerdo para que la Comunidad foral asuma la gestión del Ingreso Mínimo Vital a partir del 1 de octubre.

Al término de la reunión de la Junta de Transferencias en el Palacio de Navarra, la presidenta de la Comunidad foral, María Chivite, y la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, han dado cuenta del acuerdo, que ha sido aprobado por la unanimidad de los grupos parlamentarios.

María Chivite ha valorado que el acuerdo supone «un paso más en la mejora de la prestación de los servicios a la ciudadanía, nuestra capacidad de gestión y autogobierno». «Es una oportunidad para mejorar la prestación de servicios desde la cercanía, desde el conocimiento que nos da la renta garantizada, además de la capacidad acreditada para la gestión de recursos», ha afirmado.

Por su parte, Isabel Rodríguez ha destacado que la Comunidad foral asume la gestión del Ingreso Mínimo Vital «dentro del carácter unitario del régimen económico de la Seguridad Social y desde el respeto al principio de solidaridad». Al mismo tiempo, ha expresado el «compromiso del Gobierno de España en el máximo desarrollo del Amejoramiento del Fuero».

Desde el punto de vista de la gestión, el Ejecutivo foral ha informado de que el traspaso se va a realizar en dos fases. En una primera, hasta el mes de septiembre, los pagos los seguirá realizando la Seguridad Social, si bien se procederá a un ensamblaje de los sistemas informáticos de la Seguridad Social con el sistema de información y gestión de prestaciones del departamento de Derechos Sociales. Igualmente, se crearán unidades administrativas de tramitación en las áreas de servicios sociales con la finalidad de asesorar a las personas interesadas en la tramitación de la solicitud, así como a los servicios sociales de base para una progresiva adaptación integrada de tramitación entre renta garantizada e Ingreso Mínimo Vital, facilitando así la gestión a la ciudadanía navarra.

A partir del 1 de octubre, el departamento de Derechos Sociales deberá tener los dispositivos y recursos para realizar todas las funciones que en este momento viene realizando el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) relativas a la información y orientación a particulares, tramitación de solicitudes, reconocimiento de derechos, abono de cuantías, control y seguimiento de expedientes.

María Chivite ha destacado que el Ingreso Mínimo Vital es «una potente medida de cohesión social», y ha subrayado que el hecho de que la Comunidad foral asuma la gestión es «un paso más en la mejora de la prestación de servicios a la ciudadanía». «Con esta prestación, igual que con la renta garantizada, trabajamos para atajar la pobreza, por la inclusión y también para favorecer la empleabilidad de las personas que necesitan el acompañamiento e impulso para lograrlo», ha indicado Chivite.

También ha recordado que se pondrá en marcha el proyecto AUNA, de itinerarios integrados de inclusión, para favorecer la inclusión social y laboral de las personas perceptoras del Ingreso Mínimo Vital y/o Renta Garantizada, al que se han destinado 5,8 millones de euros.

Asimismo, ha incidido en el impacto social que tienen estas prestaciones y la importancia de que sean gestionadas de forma «ágil, próxima y eficaz» para que la prestación del servicio a la ciudadanía sea de la máxima calidad.

Por su parte, la ministra de Política Territorial ha remarcado que este acuerdo manifiesta «la voluntad clara de colaboración, de cogobernanza y de lealtad institucional» con el Gobierno foral.

Sobre el recurso ante el Tribunal Constitucional que ha presentado Vox contra un apartado de la ley del Ingreso Mínimo Vital por atribuir al País Vasco y a Navarra competencias en materia de Seguridad Social al considerar que supone una «frontal vulneración de la caja única», la ministra ha afirmado que no comprende que «se quiera atacar una prestación que ambiciona dar respuesta a aquellos que más lo precisan». «El Gobierno ya ha pasado por el Tribunal Constitucional en relación con el Ingreso Mínimo Vital y ha recibido el apoyo del Tribuna Constitucional», ha señalado.

Además, ha reiterado que el acuerdo con Navarra «se ha plasmado dentro del carácter unitario del régimen económico de la Seguridad Social y por tanto con respeto al principio de solidaridad que está en nuestra Carta Maga». Por ello, ha mostrado «absoluta tranquilidad» y ha afirmado que «tendrán que explicarse aquellos que boicotean derechos tan fundamentales y prestaciones tan básicas como esta».

Según los términos del acuerdo, con la asunción de la gestión de la prestación del Ingreso Mínimo Vital, a Navarra le corresponderían en 2022, tomando como referencia de un año completo, 48,35 millones de euros. Esta cifra es la resultante de aplicar el índice de imputación previsto en el Convenio Económico (1,60%) al coste estimado a escala estatal del programa Ingreso Mínimo Vital (3.021,9 millones de euros).

Mientras tanto, en lo relativo al gasto, el informe explicita que se estima que el gasto anual pudiera estar en torno a los 41 millones de euros, teniendo en cuenta también, además de la propia prestación, que a lo largo del año puede haber nuevos reconocimientos y bajas. En el presupuesto de gasto de Renta Garantizada de 2022 del departamento de Derechos Sociales no está incluido el coste que supondrá la gestión del Ingreso Mínimo Vital.

SEGUNDO ACUERDO DE LA JUNTA DE TRASFERENCIAS ESTA LEGISLATURA

Se trata del segundo acuerdo alcanzado esta legislatura entre Navarra y el Estado en el seno de la Junta de Transferencias, después de que el pasado mes de junio se certificara también el traspaso de la competencia de la sanidad penitenciaria a la Comunidad Foral.

La transferencia de sanidad penitenciaria supuso la primera trasferencia de competencias que Navarra y el Estado han acordado después de 20 años, ya que el último acuerdo de la Junta de Transferencias se había firmado el 22 de febrero de 2001.

En la celebración de la Junta de Transferencias que ha tenido lugar este jueves han participado, por parte del Gobierno de Navarra, el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Igualdad, Función Pública e Interior, Javier Remírez; el vicepresidente segundo y consejero de Ordenación del Territorio, Vivienda, Paisaje y Proyectos Estratégicos, José Mª Aierdi, y la consejera de Economía y Hacienda, Elma Saiz. Además, han estado presentes, en representación de los distintos grupos parlamentarios, Javier Esparza (Navarra Suma), Ramón Alzórriz (PSN), Uxue Barkos (Geroa Bai), Adolfo Araiz (EH Bildu), Mikel Buil (Podemos), y Francisco Javier Jimeno (Izquierda-Ezkerra). También ha acudido Francisco José Negro, director del servicio de Asesoría Jurídica y secretario de la Junta de Transferencias por la Comunidad foral de Navarra.

Por parte del Gobierno de España, han participado la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez; el secretario de Estado de Política Territorial, Alfredo González; la secretaria general de Coordinación Territorial, Miryam Álvarez; y el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti. También han acudido la secretaria general de Financiación Autonómica y Local, Inés Olóndriz; el director general de Cooperación Autonómica y Local, Fernando Galindo; la subdirectora general de Gestión de la Financiación Autonómica, Yovana de Lózar, y el secretario de la Comisión Mixta de Transferencias por la Administración del Estado, Jorge García.