El Congreso da el primer paso para reconocer por ley a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad
El Congreso ha aprobado este jueves la toma en consideración de una proposición de ley del PSOE para reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de autoridad, una iniciativa que ha cosechado el apoyo del grueso de partidos, entre ellos también el PP, Vox y Ciudadanos.
Se trata de una vieja reivindicación del colectivo que estos tres partidos habían llevado al Congreso en distintas ocasiones en esta legislatura y en el pasado pero sin conseguir los apoyos necesarios ante el rechazo, entre otros, del PSOE.
Pese a respaldar ahora el texto legal propuesto, tanto el PP, como Vox y Ciudadanos criticaron el pasado martes, durante su debate en el Pleno, la demora de los socialistas con esta demanda y cuestionaron la propuesta por «insuficiente» y porque consideran que no es más que un «parche» que intentarán mejorar durante su trámite parlamentario.
En concreto, esta reforma legal plantea modificar el artículo 80 de la Ley Orgánica Penitenciaria de 1979 para reconocer, «a efectos legales», el carácter de agentes de la autoridad a los funcionarios de Instituciones Penitenciarias, al tiempo que contempla «resarcir económicamente» a quienes sufran daños en sus puestos de trabajo.
NI ERC NI BILDU LA RESPALDAN
El texto ha sido respaldado por un total de 315 votos, de todos los grupos parlamentarios salvo Esquerra Republicana (ERC) y Bildu, dos de los aliados habituales del Ejecutivo en el Congreso, y de los antisistema de la CUP.
ERC sostiene que la propuesta no reconoce las demandas de los funcionarios de los centros penitenciarios, Bildu cree que este reconocimiento no ayudará a resolver la conflictividad en las cárceles y la CUP coincide en que esta iniciativa «punitivista» no va a la raíz del problema.
En noviembre, PSOE y Unidas Podemos ya dieron a conocer una enmienda conjunta en el mismo sentido de esta proposición de ley, pero dentro la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como ley mordaza por sus detractores, que sigue tramitándose en la Cámara Baja.
Los sindicatos de prisiones han acogido positivamente la ley de los socialistas que inicia su andadura parlamentaria, si bien insisten en que siguen a la espera de la prometida ley de función pública sobre cuerpos.
