Cámara de Cuentas valida los contratos de emergencia de la Comunidad, entre los que se encuentra el del hermano de Ayuso

La Cámara de Cuentas ha aprobado el informe de fiscalización de los contratos tramitados por el Gobierno regional mediante el procedimiento de emergencia durante la pandemia, en el que se incluye el vinculado al hermano de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso.

Así, este mismo miércoles se ha dado luz verde de forma definitiva al informe por acuerdo del consejo de la Cámara de Cuentes con carácter definitivo. En el documento se recoge que «con carácter general la mayoría de los contratos fiscalizados se han adaptado a las prescripciones que establece el ordenamiento jurídico para esta situación».

Durante el primer año de la pandemia, la Comunidad de Madrid realizó un total de 4.448 contratos tramitados por procedimiento de emergencia y referentes a la crisis sanitaria Covid-19, por un importe total de adjudicación con IVA de 943.441.168,49 euros.

La Cámara de Cuentas para realizar la fiscalización, solicitada por la Comisión de Presupuestos, Hacienda y Función Pública de la Asamblea de Madrid, seleccionó una muestra de 263 expedientes por un importe total de adjudicación de 337.476.693,20 euros.

Al haberse aprobado de manera separada la fiscalización de la construcción del Hospital Enfermera Isabel Zendal se eliminaron 13 expedientes, más uno relacionado con Metro de Madrid «por no tener relación» con el coranavirus. En total, se fiscalizaron 249 expedientes.

«Solo en contadas ocasiones, en los expedientes número, 259 y 260 se ha utilizado la tramitación de emergencia para adquirir bienes no destinados a combatir la pandemia ni amparados por el tenor literal del artículo 120 LCSP», recoge el informe en sus conclusiones. El 259 corresponde con el suministro de tres ecógrafos y el 260 con equipos de mamografía.

Además, el informe cita 14 casos en los que el importe reflejado en la relación de contratos difiere del importe definitivo verificado tras la fiscalización pero ninguno corresponde con el vinculado con la empresa Priviet Sportive, de la que el hermano de Ayuso cobró 55.000 por, según la dirigente madrileña, «gestiones» para conseguir material sanitario.

El polémico contrato se recoge con el número 179. Está adjudicado por la Consejería de Sanidad (Sermas) para el Suministro mascarillas FFP2-3 para el pabellón 10 del Ifema del Servicio Madrileño de Salud por importe de 1.512.500 euros y autorizado por el Consejo de Gobierno el 20/05/2020. Sobre el mismo, la Cámara de Cuentas no hace valoración alguna sobre irregularidad.

RECOMENDACIONES

A pesar de validar los contratos «con carácter general», la Cámara de Cuentas sí que realiza dos recomendaciones sobre la materia. Insta a establecer un marco legal y un protocolo procedimental para emergencias en las que, tanto los daños como la evolución en el tiempo, sean indeterminados, de forma que, en la medida de lo posible, se garanticen los principios básicos de la contratación pública.

Además, solicita extremar «el celo en el cumplimiento de los procedimientos administrativos procurando que en el expediente consten realizadas todas las fases preceptivas del mismo».

POLÉMICA CON LA OPOSICIÓN

El informe de la Cámara de Cuentas había sido citado en varias ocasiones por el Gobierno regional para respaldar la legalidad del contrato vinculado a la presidenta madrileña, al haberse publicado por los medios de comunicación el informe preliminar.

Esto llevo al portavoz del PSOE en la Asamblea, Juan Lobato, a pedir por escrito el documento al presidente en funciones de este órgano, Carlos Salgado. Este advirtió por carta que el informe sobre la fiscalización de los contratos estaba «en trámite interno de elaboración y podría ser objeto de modificaciones».

El consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, acusó entonces al PSOE de «presionar y manipular» a la Cámara de Cuentas sobre el contrato de compra de mascarillas cuando «sí había sido auditado».

«A sabiendas ha intentado presionar a la Cámara de Cuentas y luego manipularla. Eso es una vergüenza democrática. Váyase a la página 40 del anteproyecto de informe donde aparece el nombre del contrato como uno de los auditados», lanzó el consejero madrileño durante un Pleno de la Asamblea de Madrid.