Cs ve una «gran victoria» en el «varapalo» del Supremo al «trapicheo» de PSOE y PP con la Agencia de Protección de Datos

La Mesa de la Cámara toma nota de la suspensión del procedimiento tras recibir una comunicación del Alto Tribunal

Ciudadanos considera «una gran victoria» que el Tribunal Supremo haya dejado en suspenso el procedimiento abierto para la renovación de la cúpula de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) propinando un «varapalo» al intento del PSOE y el PP de «trapichear» con las instituciones públicas, «amañando» el concurso del que debían salir estos nombramientos.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo dictó este lunes un auto por el que suspende el acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 22 de febrero por el que el Gobierno comunicaba al Congreso sendas ternas de candidatos a la Presidencia y Adjuntía de la AEPD.

El Supremo adoptó esta decisión al considerar que el procedimiento para la renovación de los máximos responsables de este órgano está «viciado de raíz», ya que el Gobierno y el PP ya habían anunciado hace meses un acuerdo para nombrar presidenta de la AEPD a Belén Cardona, a propuesta del PSOE, y como adjunto a Borja Adsuara por sugerencia del PP.

SE ANUNCIARON ANTES DE LA CONVOCATORIA

Los nombres se dieron a conocer el pasado mes de octubre, junto con los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo, y fue un mes después cuando se convocó el concurso público del que supuestamente debían salir los mejores candidatos para el puesto. Según la legislación vigente, tras evaluar a los aspirantes, es el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, el que debe proponer candidatos a presidente y adjunto, y ambos tienen que ser ratificados por la Comisión de Justicia en el Congreso.

A principios de marzo, el Gobierno envió a la Cámara dos ternas de candidatos, una para uno de los puestos a elegir. El órgano de gobierno de la Cámara tomó nota de las mismas y las remitió a la Comisión de Justicia, pero advirtió al Ejecutivo de que había remitido hasta seis candidatos cuando, según la ley que rige esta entidad, debería haber enviado sólo dos: uno para la Presidencia y otro para la Adjuntía.

Para la Presidencia, además de la candidata pactada con el PP, se propuso a Leonardo Cervera Navas y Ricard Josep Martínez Martínez, mientras que la terna para la Adjuntía la completaban, junto con Adsuara, José Ignacio González González y Pilar Aránzazu Herráez López.

QUE INTERVENGAN LOS LETRADOS

Ciudadanos solicitó entonces que la Mesa reconsiderara la admisión a trámite de la propuesta del Gobierno y que los servicios jurídicos del Congreso se pronunciaran sobre la legalidad de este procedimiento, pero la Mesa lo rechazó en primera lectura y la formación naranja recurrió. Tras fracasar también en su intento en la Junta de Portavoces, la Mesa de la Cámara debía tomar este martes una decisión definitiva sobre la petición de Ciudadanos.

Sin embargo, tras el auto dictado por el Tribunal Supremo la Mesa ha decidido dejar en suspenso su decisión sobre la petición de Ciudadanos y ha tomado nota de la suspensión del procedimiento decretada por el alto Tribunal, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias.

Lo que ha hecho el Supremo es estimar la petición de suspensión cautelar de uno de los candidatos incluidos en la terna para la Presidencia de la AEPD, Leonardo Cervera, quien consideró vulnerado su derecho fundamental al acceso a cargos y funciones públicas en condiciones de igualdad ante el hecho notorio de que el nombramiento estaba decidido antes de convocarse el proceso selectivo.

En rueda de prensa en el Congreso, el portavoz adjunto de Ciudadanos, Edmundo Bal, se ha congratulado de la decisión del Supremo, ha acusado a PSOE y PP de haber intentado hacer «cómplice» a la Cámara de esa artimaña y ha insistido en que la Mesa del Congreso debería devolver sus ternas al Ejecutivo.

ES CORRUPCIÓN

«Esto es una forma de corrupción y hay que decirlo con todas las palabras», ha sentenciado, jactándose de que su partido ha sido el único que ha intentado que el Congreso no participara en esa operación e insistiendo en que la Cámara debería «devolver» al Gobierno la orden del Consejo de Ministros por «irregular, ilegítima e ilícita».

«La decisión del Supremo es una gran victoria para que en la Agencia Protección de Datos recalen los mejores y no los amiguetes de PSOE y PP», ha concluido Bal.