La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) considera que la «asimetría» de trato entre los planes de pensiones individuales y de empleo plantea «serios problemas», ya que supone una «inequidad regulatoria y fiscal» y no está claro que aporte grandes beneficios.

En un análisis sobre el proyecto de ley para el impulso de los planes de pensiones de empleo aprobado elaborado por el director de Fedea, Ángel de la Fuente, el organismo apuesta por «corregir el tiro» y dar un tratamiento «más equilibrado» a los dos instrumentos complementarios (planes individuales y de empleo) que, a su juicio, siguen siendo necesarios para cubrir a distintos segmentos de la población.

Por otro lado, Fedea considera que la norma concentra un «excesivo poder» sobre los planes de pensiones de promoción pública en manos de dos comisiones dominadas por el Gobierno y con un mandato «poco claro» en materia de criterios de inversión, lo que, en su opinión, podría dar lugar a un «cierto intervencionismo» político en la asignación de un componente potencialmente importante de los flujos de ahorro que sería «muy poco recomendable».

A finales de febrero el Gobierno remitió al Congreso un proyecto de ley para el impulso de los planes de pensiones de empleo. El texto modifica la actual ley reguladora de fondos y planes de pensiones y la ley del IRPF para crear una nueva categoría de fondos y planes de pensiones de empleo, dotada de una regulación específica en algunos aspectos, que se espera ayude a extender la cobertura de la protección social complementaria a través de la negociación colectiva.

Aunque Fedea valora que el objetivo de reforzar el segundo pilar del sistema de pensiones, poco desarrollado en España, es «ciertamente loable», estima que la estrategia adoptada para conseguirlo resulta «cuanto menos cuestionable».

REFORZAR UNOS «A EXPENSAS» DE OTRO»

Para el organismo, que se haya optado por reforzar los planes de pensiones de empleo «a expensas» de los planes individuales, concentrando en los primeros los incentivos fiscales al ahorro previsional en detrimento de los segundos, no es muy recomendable, por lo que apuesta por una mayor equilibrio entre ambos instrumentos.

Además, De la Fuente plantea otro problema del proyecto de ley y es que podría dejar desprotegida a una parte potencialmente importante de la población, que quedaría sin acceso a instrumentos competitivos de ahorro previsional, al menos durante algunos años, mientras el sistema de empleo se extiende y se perfecciona su regulación.

En principio, el texto busca justamente lo contrario, incluyendo entre sus objetivos centrales el de ampliar la cobertura de la previsión social complementaria «a colectivos de trabajadores sin planes de pensiones de empleo en sus empresas o autónomos», pero en su redacción actual, advierte Fedea, el proyecto podría tener el efecto contrario, especialmente en el caso de los trabajadores asalariados, puesto que nada garantiza que sus empresas pasen a estar cubiertas en un tiempo razonable por planes de pensiones de empleo.

«Dada la importante diferencia de tratamiento fiscal entre los planes de empleo y los personales, la posible falta de acceso a los primeros de parte de la población constituiría una discriminación injustificada y preocupante», subraya el documento de Fedea.

Así, asegura que una posible forma de evitar tal discriminación sería permitir el acceso directo de los asalariados no cubiertos por planes de empresa a algún tipo de «plan escoba de promoción pública» que se asimilaría a los de empleo a efectos fiscales, aunque para Fedea «lo más lógico» sería dar a los planes individuales el mismo tratamiento fiscal que a los de empresa, de forma que todos los trabajadores tuvieran acceso a oportunidades similares de cara al ahorro para la jubilación.

Uno de los argumentos empleados por el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social para justificar la drástica reducción de los beneficios fiscales otorgados a las aportaciones a planes individuales de pensiones es el carácter regresivo de tales beneficios, dado que las aportaciones tienden a concentrarse en los segmentos de mayor renta, según indica De la Fuente.

No obstante, considera que es «muy discutible» que esto sea razón suficiente para reducir de 8.000 a 1.500 euros la deducción máxima por aportaciones a planes de pensiones individuales.

Por último, propone facilitar la movilidad sin penalización fiscal entre planes de pensiones e instrumentos alternativos de inversión, como fondos de inversión, acciones o cuentas remuneradas, siempre que el ahorro se mantenga dentro del perímetro «de una cuenta paraguas de ahorro previsional».

«El objetivo debería ser que cualquier persona fuera indiferenteentre ahorrar un euro adicional en un plan de empleo, un plan individual u otra alternativa de inversión, asegurando la neutralidad regulatoria y fiscal», subraya el documento de Fedea.