El Defensor del Pueblo acusa a tres Ministerios, seis CCAA y 110 ayuntamientos de no colaborar con este organismo
El Defensor del Pueblo ha acusado a tres Ministerios –Hacienda, Justicia y Universidades–, a seis comunidades autónomas –Canarias, Cataluña, Extremadura, Madrid, Murcia y la Comunidad Valenciana–, a las dos ciudades autónomas –Ceuta y Melilla– y a 110 entidades locales de ser administraciones «no colaboradoras» con este organismo al demorarse en responder los requerimientos de este órgano o, incluso, no llegar a hacerlo.
Así consta en un anexo del informe anual del Defensor del Pueblo que ha sido publicado este viernes y donde se recuerda que la ley vigente obliga a que las administraciones contesten a este órgano sobre la información que precisa para sus actuaciones.
«Pero la contestación ofrecida no es siempre inmediata y en algunos casos, incluso, aunque no sea lo más frecuente, no llega a producirse, tras haber sido reclamada en varias ocasiones. En estos supuestos, el Defensor del Pueblo puede declarar al órgano o unidad administrativa concernida de hostil o entorpecedora de sus funciones», explica el Defensor del Pueblo en su informe.
Muchos de estos requerimientos tienen que ver con cuestiones ordinarias de los ayuntamientos o entidades locales menores como temas relacionados con urbanismo, residuos urbanos, etc.
Por ello, las entidades prevalentes en este listado suelen ser este tipo de adminsitraciones. Aquí, el defensor del pueblo entiende las carencias y falta de medios materiales y humanos de los pequeños municipios y las dificultades que les puede plantear recopilar cierta información.
No obstante, desde este órgano aseveran que estas dificultades no les exime de la obligación de contestar al Defensor del Pueblo.
TRES MINISTERIOS
En el caso de los Ministerios, en el de Hacienda tiene que ver con la Dirección General de Tributos. Según se explica en el Anexo del Informe del organismo presidido por el socialista Ángel Gabilondo, el Defensor del Pueblo solicitó una ampliación de información en seguimiento a un Recordatorio de deberes legales.
Por su parte, en lo que compete al Ministerio de Justicia, tiene dos requerimientos. Uno de ellos relacionado con el Registro Civil de Girona, al que se le solicitó una información sobre la demora de nacionalidad de un menor, y el otro con el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 77 de Madrid, al que se solicitó una información sobre un procedimiento de filiación de un menor.
En la Secretaría General de Universidades, el Defensor del Pueblo solicitó una ampliación de información sobre una demora en la revisión de solicitud de homologación, otra sobre el acuerdo de reconocimiento de títulos de Argentina, se formuló una recomendación sobre la disconformidad con el no reconocimiento de título universitario de su hija, se solicitaron dos informaciones sobre la demora en homologación de dos títulos, se solicitó una ampliación de información sobre la dificultad en la legalización documental para la equivalencia de título por solicitante de protección internacional.
