El Gobierno pondrá multas de hasta 60.000 euros en Cantabria a los piquetes

Desplegados medio centenar de agentes en la región, donde se han organizado más de 40 convoyes para asistir a más de 200 transportistas

La Delegación del Gobierno en Cantabria ha decidido actuar con «contundencia» contra aquellas personas que con motivo del paro en el transporte están provocando daños materiales e incluso «atentando» contra la vida de camioneros que ejercen su derecho a trabajar, y va a sancionar con hasta 60.000 euros a los miembros de esos piquetes.

Esas sanciones se van a imponer por la vía administrativa, por acciones como pinchazos de neumáticos o roturas de lonas y cristales a los vehículos, sobre todo en los polígonos industriales de Penagos, Orejo y Reocín, pero también en «algunos» casos por la penal, por el lanzamiento de piedras a camiones desde pasos elevados de la Autovía del Cantábrico A-8, en las localidades de Anero y Hoznayo y en las últimos días a su paso por Sámano, en Castro Urdiales.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están trabajando en la identificación de las «pocas personas» que están cometiendo estos delitos. La investigación está «muy avanzada» y en las «próximas horas» se van a remitir las sanciones, por la vía administrativa rápida -de un día para otro- y por infracciones «muy graves» contempladas en la Ley de Seguridad Ciudadana, que están causando daños económicos «muy importantes», a los que se suman los supuestos penales.

Así lo ha informado este viernes la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, en una rueda de prensa posterior a las reuniones que ha mantenido a lo largo de la mañana con representantes de CEOE-Cepyme en la región y de agrupaciones del sector, entre ellas la Asociación de Empresarios del Transporte de Cantabria que ha convocado el paro en esta comunidad autónoma.

La mayoría del medio millar de socios de Asemtrasan viene secundado desde el pasado lunes el cese de actividad y la agrupación se ha desvinculado de los actos violentos y los ha condenado a través de su presidente, José Andrés Cianca.

«Esto no es una huelga, es un boicot al conjunto del país», ha sentenciado Quiñones, para justificar así las medidas «claras, concretas, específicas y contundentes» acordadas, como la imposición de las citadas sanciones de hasta 60.000 euros, que llegarán a las «pocas» personas que están causando los boicots y sabotajes pero que están generando «mucho ruido y miedo» además.

En este sentido, la representante del Estado en Cantabria, que no ha cuantificado el número concreto de identificados ni de incidentes registrados, ha señalado que estos días se han organizado más de cuarenta convoys para asistir a más de 200 transportistas -entre camiones y furgonetas- en sus desplazamientos a otros puntos de la región y del país, en coordinación con efectivos y fuerzas de otras comunidades autónomas.

Asistencias que se han intensificado en las últimas jornadas, en línea con el aumento de actos violentos, y en las que participan cerca de medio centenar de agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

Y aunque en Cantabria no se están registrando incidentes «muy violentos» si se comparan con los de otros puntos de España, sí se está generando «miedo», y eso está «parando la actividad». Sin embargo, de momento no hay «problemas de desabastecimiento», según ha asegurado Quiñones.