La ONU eleva a más de mil los presos políticos en Bielorrusia y pide su liberación «inmediata»
La oficina de Derechos Humanos de la ONU ha denunciado que más de mil personas permanecen detenidas en Bielorrusia por razones de índole política, fruto de una «masiva» represión iniciada en el contexto electoral de agosto de 2020, y ha reclamado la liberación «inmediata» de todas ellas.
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha actualizado este jueves su informe sobre la situación en Bielorrusia, para concluir que la cifra de presos políticos sigue creciendo. Así, si a finales de 2021 había 969 presos, el 6 de marzo la cifra alcanzaba ya los 1.085.
Las autoridades bielorrusas, de hecho, también dispersaron las protestas convocadas con motivo del referéndum celebrado el 27 de febrero para reformar la Constitución, hasta el punto de que al menos 908 personas fueron detenidas por las fuerzas de seguridad.
«El Gobierno ha tratado de reprimir cualquier forma de crítica y ha intentado activamente impedir que haya justicia y rendición de cuentas y que se sepa la verdad sobre los abusos cometidos», ha denunciado Bachelet, que ha cuestionado tanto la falta de investigaciones eficaces como las supuestas irregularidades en los procesos judiciales.
Tres personas murieron en el marco de las protestas postelectorales, en parte como resultado de una fuerza «innecesaria y desproporcionada» por parte de las autoridades, según Bachelet. El Gobierno ha negado cualquier responsabilidad, pero tampoco ha llevado a cabo una investigación que permita esclarece lo ocurrido realmente en estos y otros casos.
Bachelet no descarta incluso que las autoridades al servicio de Alexander Lukashenko hayan incurrido en violaciones del Derecho Internacional y ha apuntado que, «dadas las circunstancias» actuales en Bielorrusia, otros países pueden buscar fórmulas para investigar los abusos mediante vías como la jurisdicción universal.
La oficina de la ONU tiene constancia de abusos sobre presos, entre ellos torturas, violaciones o violencia psicológica. El Comité de Investigación de Bielorrusia aseguró en agosto de 2021 que había recibido unas 5.000 denuncias relativas a posibles malos tratos infligidos en la segunda mitad de 2020, pero todas estas quejas habían sido rechazadas.
Dentro de Bielorrusia, la expresidenta chilena ha reclamado un «diálogo inclusivo», algo que Lukashenko ha descartado por considerar que los dirigentes opositores, muchos de ellos en el exilio o en la cárcel, sólo actúan por intereses externos y con el objetivo de derrocar a su Gobierno.
