Los exministros Álvaro Nadal y Jordi Sevilla abogan por políticas energéticas para el medio y largo plazo
Los exministros Álvaro Nadal y Jordi Sevilla han señalado durante un encuentro organizado por IESE Business School y Fundación Naturgy que las políticas energéticas deben adoptarse con una visión a medio y largo plazo.
Durante el encuentro, inaugurado por el presidente de Fundación Naturgy, Rafael Villaseca, y el profesor del IESE, José Luis Suárez; el exministro de Administraciones Públicas y expresidente de Red Eléctrica de España, Jordi Sevilla, ha indicado que no se ha valorado lo suficiente el coste de la transición energética. En concreto, ha especificado el exministro, no se valorado el coste de hacerla «de una forma diferente a cómo se está haciendo».
«Se ha infravalorado el coste y no se ha tenido en cuenta el carácter disruptivo de las renovables y las transformaciones necesarias para su integración en el sistema eléctrico», ha añadido Jordi Sevilla, que ha apuntado que si se toma en serio la decisión política de luchar contra el cambio climático, las medidas políticas «deben ser diferentes a las que se están poniendo en marcha».
En cuanto a la visión a medio plazo, Sevilla se ha referido a que la ambición política «va muy por delante de las decisiones y medidas que están implantando los gobiernos para luchar contra el cambio climático».
«Estamos ante un desafío de la humanidad, que no se puede afrontar sin gestión política, aunque estamos lejos de tener el nivel de gestión que necesitamos», ha apostillado Sevilla.
En cuanto al contexto actual en España, para el exministro de Administraciones Públicas «las medidas que se tomen desde el Gobierno para controlar el incremento del precio de la electricidad tienen que ir acompañadas necesariamente de un plan de eficiencia energética». Y en relación al desarrollo de las renovables, ha manifestado que «en España, el mayor freno hoy día es la Administración», en alusión a la dilatación de los procesos de tramitación.
De su lado, el exministro de Energía, Turismo y Agenda Digital Álvaro Nadal ha recogido el guante de esta última reflexión incidiendo en algunas medidas posibles para controlar el incremento de precio en la factura eléctrica.
Estas pasan por utilizar la fiscalidad, destinando el incremento en la recaudación a mitigar el alza de precios; revisar el sistema de liquidación del Recore, analizando la viabilidad de realizar liquidaciones bimensuales para no añadir presión al sistema; repensar los derechos de dióxido de carbono (CO2) en la situación actual; y realizar un debate alrededor de la eliminación del carbón.
Nadal se ha referido también a la fuerte tensión en los precios de las materias primas del mercado energético actual. En esta línea, ha explicado que durante la pandemia los precios bajaron sustancialmente y se retiró la oferta del mercado. Por su parte, la recuperación postpandemia «ha sido más rápida de lo esperado, especialmente en Asia», ha señalado el exministro.
A esta situación, según Nadal, se ha sumado que los productores de hidrocarburos «no realizan inversiones para generar materia prima porque no saben que a medio plazo, en 2030, se les dejará de comprar los volúmenes actuales».
«Ninguna solución es fácil. En este momento, es necesaria prudencia y cabeza fría para resolver la crisis actual. Es importante pensar en medio y lago y plazo, y no incurrir en costes estructurales para el sistema», ha sentenciado el exministro.
Por otro lado, Nadal ha hecho una referencia al pasado y ha señalado que en España se desplegaron «demasiado pronto las renovables», y ha resaltado que en Europa se debería haber hecho «más pedagogía y haberse planteado antes de abordar las interconexiones», para, en caso de crisis de dependencia, «haber tenido medidas de salvaguardia».
Por último, el exministro de Energía ha afirmado la necesidad de regular el mercado eléctrico, porque «es un sistema que está interrelacionado, está formado por monopolios naturales, sobre todo en su transporte y distribución; y porque una parte del sistema, la que tiene que ver con la seguridad del suministro, es de responsabilidad pública».