Los casos de violencia de género crecen hasta los 900 en Cantabria y 14 víctimas son mujeres menores de edad

El año pasado se registraron 72 llamadas al teléfono 061 y se interpusieron 1.362 denuncias, más que en el ejercicio anterior

Cantabria tiene en la actualidad 901 casos activos de violencia de género, de los que 14 se corresponden con mujeres menores de edad, las mismas que había al finalizar el año pasado y nueve de las cuales tenían medidas de protección.

La cifra global es ligeramente superior a la del cierre del pasado ejercicio, 899, y que supone un aumento del 15,1% respecto a 2020 -marcado por el confinamiento por la pandemia- y del 20,2% en relación a 2019. En casi la mitad de los contabilizados en 2021 (en concreto 437, el 48,6%) había orden de protección.

Además, el año pasado se registraron en la región 72 llamadas en el teléfono 061 de atención a las víctimas de violencia machista –49 realizadas por usuarias del sistema de protección, 17 por familiares y 6 por otras personas–. Suponen 24 más que las efectuadas doce meses antes y veinte más que en 2019, y elevan el total desde su puesta en marcha, en 2017, a 11.567.

Estos y otros datos «escalofriantes» y «alarmantes» han sido facilitados este miércoles por la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainoa Quiñones, en una rueda de prensa en la que ha hecho balance de la situación en 2021, año «aún más negro» que se saldó con la muerte de una mujer y su bebé de 11 meses, en diciembre en Liaño. El presunto autor, pareja y padre de las víctimas, está en prisión desde los hechos, que siguen investigándose.

«Parece que en muchas ocasiones si no vemos de cerca la realidad nos duele menos y este crimen conmocionó a todos los cántabros y cántabras, demostrando que somos una sociedad comprometida con acabar con la violencia de género y que es y debe ser una prioridad de todas las instituciones», ha comentado.

Desde 2003, cuando hay estadísticas oficiales, en Cantabria han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas un total de once mujeres y también dos menores (1.130 y 46, respectivamente, en todo el país, y 43 y 6 el año pasado). Además, en la actualidad hay 387 menores hijos de víctimas de violencia de género en la región.

Y de las 901 cántabras que están dadas de alta en el sistema VioGén del Ministerio del Interior, en 26 casos hay asociados dispositivos electrónicos de seguimiento a los agresores -tres más que al cierre del año- y 136 son usuarias del servicio de atención y protección telefónica, Atenpro, que ofrece asistencia 24 horas los 365 días del año.

Al respecto, Quiñones -que ha comparecido jefa de la Unidad de Coordinación de la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno, Diana Mirones- ha insistido en la importancia de denunciar para ayudar a las víctimas de esta lacra, por la que mueren de media 62 mujeres al año en España, un dato que «no es que estremezca» solo, sino que «evidencia una realidad terrible».

En línea con lo anterior, en su comparecencia ante los medios -en la que han estado acompañadas por el coronel jefe de la Guardia Civil de Cantabria, Antonio Orantos, y el jefe regional de Operaciones de la Policía Nacional, Miguel Ángel Ramos- han detallado que el año pasado se interpusieron 1.362 denuncias en la comunidad autónoma, cifra superior a la de 2020 pero dentro de la media nacional.

La Unidad de Familia y Mujer de la Policía Nacional, la UFAM, tramitó en Santander 430, de las que 208 fueron atestados de violencia de género, y en Torrelavega 71 por violencia de género.

Y, desde el Equipo de Mujer y Menores (EMUME) de la Guardia Civil, se realizaron 468 actuaciones de asuntos relacionados con violencia de género, 319 de ellas por denuncias de las propias víctimas.

CORREDOR DE LA MUERTE

Quiñones se ha referido a la violencia machista como un «corredor de la muerte» en el que los asesinatos constituyen «la punta del iceberg» y ha apuntado que detrás de datos «alarmantes» como los de las llamadas o denuncias hay «otras muchas» víctimas que no lo hacen.

Por eso, «todo lo que se haga para acabar con la violencia de género es poco», ha defendido la delegada, para subrayar la fundamental colaboración entre las administraciones y los diferentes organismos implicados, como Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, gobiernos, ayuntamientos o asociaciones.

A su juicio, se trata de una «realidad terrible» que debe obligar a los poderes públicos a «reaccionar y endurecer medidas» para lograr que las mujeres «dejemos de ser asesinadas por el mero hecho de ser mujeres».

En este sentido, ha apostado por «seguir avanzado en el Pacto de Estado y en la Ley contra la Violencia de Género para ser más eficaces en la erradicación de esta humillante y espeluznante lacra».

BALANCE DE ACTIVIDADES

Por su parte, Diana Mirones ha detallado la actividad desarrollada desde la Unidad de Coordinación de Violencia sobre la Mujer durante 2021 en materia de sensibilización, formación y colaboración institucional.

Así, ha recordado que, en materia de sensibilización, se impulsó la instalación de Puntos Violeta con información para víctimas de violencia de género, instalándose uno en el registro de la Delegación y otro en la Oficina de Extranjería y se mantienen contactos con ayuntamientos para su promoción.

En el apartado de formación, la jefa de la Unidad ha destacado la organización de la Jornada de alta especialización para Policía Local para luchar contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación sexual , el curso Estatuto de la Víctima. Derechos de la víctima y el curso Género y Políticas de Igualdad .

Asimismo, ha ensalzado la labor que se desarrolla anualmente mediante las charlas del Plan Director para la Seguridad y Mejora de la convivencia en centros educativos en el que, además de la Unidad, participan el Área de Alta Inspección de Educación de la Delegación y la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Finalmente, Mirones ha valorado la colaboración institucional entre todos los organismos con competencias en la materia, algo «fundamental para poder dar a las víctimas una adecuada respuesta». Al respecto, ha destacado el impulso dado a las Mesas de Coordinación con los ayuntamientos.