El Congreso pospone la siguiente reunión de la ponencia encargada de reformar la Ley mordaza

Los grupos parlamentarios del Congreso han acordado posponer la siguiente reunión que iba a celebrar la ponencia encargada de la Ley de Seguridad Ciudadana –rebautizada por sus críticos como ley mordaza –, que iba a celebrarse la próxima semana. Este nuevo retraso permitirá al PSOE y Unidas Podemos acudir la siguiente reunión con un paquete más amplio de enmiendas pactadas con sus habituales socios de la Cámara.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, la iniciativa de retrasar la cita prevista para el próximo martes surgió de ese bloque –PSOE, Unidas Podemos, ERC, PNV y Bildu– y al final contó también con el beneplácito del Grupo Popular.

Se da la circunstancia de que el 1 de marzo se ha convocado la Junta Directiva Nacional del PP, de la que forman parte todos los diputados, con lo que el aplazamiento de la reunión facilitará su asistencia a la ponente popular Ana Belén Vázquez.

REPROCHES EN TWITTER

Sin embargo, pese a que tanto Unidas Podemos como el PP apoyaron retrasar ese encuentro, Vázquez y el portavoz de Interior de Unidas Podemos, Ismael Cortés, han protagonizado un encontronazo en Twitter a cuenta de este cambio de agenda.

«Ayer acordamos paralizar de manera temporal la tramitación de la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana, ellos porque no llegan a acuerdos ante la radicalidad y el Grupo Popular porque no queremos modificarla», ha escrito Vázquez en su cuenta, jactándose de que, aunque haya sido «intereses diferentes» se ha logrado frenar la tramitación.

Cortés le ha replicado por la misma vía para dejar claro que «la reforma sigue su curso». «A efectos oficiales la verdad es que hemos decidido aplazar una semana la ponencia para ordenar los trabajos y también atendiendo una solicitud del Partido Popular para ordenar su caos interno tras el golpe a Casado #23F», ha escrito el diputado del grupo confederal.

VA CON RETRASO

Desde Unidas Podemos se muestran «optimistas» y destacan que la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana sigue avanzando. Eso sí, lo hace de forma más lenta de lo previsto porque las previsiones iniciales eran que la Comisión de Interior la hubiera aprobado este mes.

La ponencia se constituyó a finales de diciembre con intención de reunirse tres veces en enero y elevar el texto a la comisión en febrero. El Covid que aquejaba a algunos de sus miembros obligó a retrasar la primera reunión y hasta ahora sólo se ha convocado dos veces: una el 19 de enero y, tras un parón por los comicios de Castilla y León, otra el pasado 15 de febrero.

Los grupos convocaron la tercera reunión para el próximo martes precisamente porque no hay sesión plenaria y podrían alargar los debates durante todo el día, pero el nuevo aplazamiento ha dado al traste con esos planes. Previsiblemente se convocarán para la segunda semana de marzo.

Hasta ahora el bloque de investidura ha pactado ya retoques en casi una treintena de artículos de la proposición de ley redactada por el PNV, pero se han dejado para el final los temas más espinosos que son los que se negocian informalmente estos días con intención de poder llevarlos consensuados a la siguiente reunión.

Entre estos asuntos destacan lo relativo a las sanciones a los promotores de manifestaciones no comunicadas previamente, la restricción del uso de pelotas de goma como material antidisturbio, el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de autoridad y el cambio en lo relativo a la presunción de veracidad en las declaraciones policiales.

Además, sigue sobre la mesa la discusión sobre si eliminar por completo o no las devoluciones en caliente de migrantes, aunque, según detallan a Europa Press fuentes parlamentarias, se han acercado posturas para que este asunto quede finalmente regulado en la Ley de Extranjería y no en la de Seguridad Ciudadana.