El Gobierno relativiza los «informes de parte» para la progresión al tercer grado de tres presos de ETA enfermos
El Gobierno ha informado de que tres presos de ETA han sido progresados al tercer grado por enfermedad grave desde la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa a mediados de 2018, asegurando que estas decisiones no se adoptan «en base al exclusivo informe de parte que presente la persona interesada».
En una respuesta parlamentaria por escrito, consultada por Europa Press, el Ejecutivo da detalles de la modalidad de progresión a tercer grado «por enfermedad grave». «Ha sido aprobada respecto a internos de ETA por el Centro Directivo», dice en referencia a Instituciones Penitenciarias, «en tres ocasiones desde el 30 de julio de 2018».
El Gobierno no da nombres de estos presos, aunque sí precisa que uno de los tres beneficiados con esta medida ya ha fallecido. En su contestación a preguntas de Vox, el Ejecutivo relativiza que se utilicen informes médicos firmados por médicos del entorno de los presos de ETA, remitiéndose a los que realizan los médicos de las prisiones.
«No es posible que haya ningún caso en el que una decisiónse adopte en base al exclusivo informe de parte que presente la persona interesada», indica el Ejecutivo. Se remite al artículo 104 del Reglamento Penitenciario –aprobado por Real Decreto 190/96– para precisar que para las progresiones de grado por motivo de enfermedad grave se tiene en cuenta los «informes médicos preceptivos», matizando que «son los de los médicos del establecimiento».
La formación que lidera Santiago Abascal registró varias preguntas en las que cuestionaba el acercamiento de presos de ETA y la progresión de grado «basándose en los informes médicos de la ex dirigente de Batasuna, condenada por el Tribunal Supremo, Matilde Iturralde Martínez de Lizarduy». Este mismo jueves el Congreso ha rechazado el último intento para reprobar al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
RESPETO A LA LEGALIDAD VIGENTE
El Gobierno reitera que «respeta, como no puede ser de otra manera, la legalidad vigente», por lo que «cualquier actuación en materia penitenciaria se rige por el estricto cumplimiento de la legalidadpenitenciaria, y no por otra circunstancia».
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, lleva días repitiendo esta idea ante las críticas relacionadas con el informe de la Guardia Civil que recoge conversaciones y referencias a reuniones entre altos cargos del Ministerio del Interior y el entorno de los presos de ETA. Tanto los principales partidos de la oposición como algunos colectivos de víctimas, como la AVT, denuncian un «pacto de presos por presupuestos».
En este sentido, el Ejecutivo de Pedro Sánchez precisa en su respuesta por escrito que «las resoluciones que implican traslado –más de 300 desde 2018, cuando se puso fin a la política de dispersión– se adoptan tomando como base las propuestas de las Juntas de Tratamiento de los centros penitenciarios, en el marco de las preceptivas revisiones periódicas, en las que se valoran todos los aspectos penales, procesales y penitenciarios».
Criticado por las tres revocaciones de la Audiencia Nacional a progresiones al tercer grado de presos de ETA, Grande-Marlaska ha citado en el Congreso dos casos de progresiones al tercer grado para presos etarras que fueron aprobados por el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, sin contar con el aval de Interior. Según el ministro, en todos los casos se cumple la legislación, que «ni se negocia ni se negociará».
En concreto, Grande-Marlaska expuso en la Cámara Baja que sólo se han revocado por decisión judicial tres de los 24 terceros grados para presos de ETA –con datos desde la Legislatura XIII, iniciada en mayo de 2019–. Fuentes penitenciarias señalan que desde 2018, con la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno, se han aprobado 27 progresiones de segundo a tercer grado.
