CCOO y más de un centenar de organizaciones anuncian protestas el domingo para «salvar» la Atención Primaria

Comisiones Obreras (CCOO), junto a más de un centenar de organizaciones sociales integradas en el movimiento Salvemos la Atención Primaria , ha anunciado una nueva movilización en toda España el próximo domingo 27 de marzo para «salvar» este primer nivel asistencial del «deterioro que atraviesa» y reclamar «una mejor planificación de los recursos humanos y una mayor dotación presupuestaria».

En concreto, algunas de estas organizaciones son la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), la Federación de Asociaciones de Enfermería Comunitaria y Atención Primaria (FAECAP), Medicus Mundi y la Unión General de Trabajadores (UGT), entre otras.

Las principales propuestas que defienden van encaminadas a fortalecer el sistema sanitario público tras mas de una década de recortes en su financiación y en su dotación de personal. Esto, unido a dos años de pandemia, ha ocasionado la disminución de la accesibilidad, sobrecarga asistencial, el incremento de las listas de espera y una caída del grado de satisfacción de la ciudadanía con la sanidad pública, produciéndose un crecimiento exponencial de la privada.

«Hemos exigido a Sanidad y a las CCAA que implementen medidas para salvar la Atención Primaria (AP) antes de que su estado sea irreversible, pero, desde la manifestación del pasado 12 de diciembre, no se ha movido nada», ha criticado en rueda de prensa la secretaria de Salud UGT Servicios Públicos, Ana María Francés Roger.

«Hay que trabajar ya mismo en una mejor planificación de recursos humanos y una mejora del presupuesto para rescatar este nivel asistencial», ha reiterado, insistiendo en la importancia de abordar este problema «desde una doble vertiente», a saber, «mejorando la asistencia sanitaria que recibe nuestra población y, por otro lado, mejorando las condiciones laborales del personal de los centros de salud».

Para ello, estas organizaciones proponen recuperar lo recortado en los últimos años, incrementando el presupuesto dedicado a la AP hasta el 25 por ciento del total del presupuesto sanitario. «En este sentido, habría que tener en cuenta la gran variabilidad entre comunidades, de manera que no se prime a aquellas que han decidido destinar menos dinero, ni se penalice a quienes destinan más», sostienen.

Al hilo, Ana Isabel Gracia, secretaria de Políticas Sociales de UGT, ha recordado las diferencias de gasto sanitario total entre las CCAA respecto al PIB. «En el País Vasco, se destinan 2.000 euros por ciudadano. En Extremadura y Castilla y León, 1.800; que contrastan con los 1.700-1.500 que se destinan en Galicia, Cantabria, Baleares y Canarias y Castilla-La Mancha, entre otras comunidades. Cataluña, Andalucía, Murcia y Madrid están a la cola, siendo esta última la que menos destina, con un total de 1.300 euros por ciudadano», ha explicado.

Por ello, defienden que el esfuerzo presupuestario sea distinto en cada comunidad y se reparta entre el Gobierno central y las comunidades. Para ello, la necesaria inversión suplementaria debería repartirse entre las comunidades y el Gobierno, al 50 por ciento, en las primeras de manera proporcionalmente inversa al dinero que actualmente dedican y en el Gobierno teniendo en cuenta la población de cada una de las CCAA.

En cuanto a los fondos necesarios, piden que las CCAA cambien las prioridades de gasto e incrementen la recaudación de recursos propios. En el caso del Gobierno central, recuerdan los 1.088 millones de euros presupuestados y no gastados en 2021 para Atención Primaria, y los fondos europeos, además de la posibilidad de aprobar una partida extra para reforzar la sanidad pública.

Todo ello permitiría incrementar el actual número de profesionales de Atención Primaria, unos 8.000 profesionales de la Medicina y 15.000 profesionales de Enfermería, «que acercarían a España a las medias de los países europeos y que serían necesarios para garantizar unos centros de salud abiertos, accesibles, que den prioridad a las consultas presenciales y próximos a toda la población y sin listas de espera», subrayan estas organizaciones.

En este sentido, también han pedido un incremento de, al menos, 5.000 profesionales administrativos para las unidades de atención al paciente de los centros de salud y de la necesaria incorporación de nuevos profesionales a los equipos (Fisioterapia, Matronas, Trabajado Social, Salud Mental, Logopedia, Atención Temprana, Farmacología Clínica), ahora solo accesibles por derivación externa, y con demoras.

«UNA AP DEFICITARIA PROVOCA UN AUMENTO DE LAS PATOLOGÍAS CRÓNICAS»

Tal y como ha defendido Francés, «una AP deficitaria en personal provoca un aumento de las patologías crónicas de las personas, aumento de los ingresos hospitalarios y empeora la calidad de vida de los pacientes crónicos».

Además, añade que, «con las plantillas actuales no se puede satisfacer la cartera de sevicios de este nivel asistencial». «Hay falta de personal, pero también hay incapacidad institucional para atraer a profesionales a la AP, porque la forma de atraerlos es la mejora de sus condiciones laborales», ha apostillado la secretaria de Salud UGT Servicios Públicos.

En estas mejoras de sus condiciones, también se debe contemplar la salud mental del personal sanitario, pues, sobre todo durante la pandemia, «han sufrido depresión, angustia, ansiedad y muchos se han planteado abandonar la profesión», afirma Francés. «Es imprescindible que el SNS atineda al personal que, desde la AP, cuida a este país», ha insistido.

Finalmente, Francés también ha pedido «visibilizar el medio rural». «Es fundamental asegurar los servicios esenciales en estos núcleos, y dotarles de más recursos materiales y tecnológicos», ha reclamado, para incidir en la importancia de la reducción de la brecha digital. «La digitalización aporta beneficios importantes, pero no debemos olvidar la importancia de la consulta presencial. Si un sector como la banca se ha hecho cargo de la población mayor, ¿cómo no va a hacerlo la sanidad de este país?», ha expresado.

Así las cosas, ha hecho hincapié en la importancia de que la AP «no deje atrás a los casi 9 millones de mayores que viven en España», ya que se trata de «una población muy necesitada por la cronicidad que presenta y por su fragilidad ante enfermedades agudas».