AIReF analizará este año el IMV, la sostenibilidad de finanzas públicas y el cese de actividad de autónomos
Valorará el impacto macroeconómico de las medidas y reformas incluidas en el Plan de Recuperación, como la de pensiones
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) tiene previsto publicar este año tres opiniones sobre la sostenibilidad a largo plazo de las Administraciones Públicas (AAPP), otra sobre el Ingreso Mínimo Vital (IMV) de acuerdo con el plan de trabajo plurianual publicado en diciembre de 2020 y otra sobre el cese de actividad de los trabajadores autónomos.
Además entre sus planes para 2022, la Autoridad Independiente prevé valorar el impacto macroeconómico de las medidas y reformas incluidas en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, así como el impacto macroeconómico y fiscal de la estrategia de consolidación a medio plazo «que podría incluirse en la actualización del Programa de Estabilidad».
Así se desprende del Plan de Actuaciones 2022, publicado este lunes por el organismo que dirige Cristina Herrero, en el que figura que la institución continuará con su labor de supervisión fiscal en profundidad y velará por la sostenibilidad de las finanzas públicas con una visión de largo plazo.
Para conseguir estos objetivos, la AIReF llevará a cabo una serie de actuaciones dirigidas a mejorar su actividad, como la actualización de las previsiones demográficas y de gasto en pensiones, incluyendo el impacto de la reforma aprobada en 2021 y, en la medida de lo posible, las reformas que se puedan aprobar en 2022.
Las actuaciones de la AIReF se van a articular en torno a cuatro ejes estratégicos: la supervisión fiscal en profundidad de todas las Administraciones Públicas; velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas con una visión a largo plazo; hacer de la evaluación de las políticas públicas una actividad central de la AIReF; y el refuerzo de los principios de independencia, transparencia y rendición de cuentas.
En esta ocasión, el Plan de Actuaciones 2022 se enmarca en un periodo de transición caracterizado por las expectativas de superación de la fase más aguda de la crisis generada por la Covid-19, la puesta en marcha del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) y, en principio, por ser el último año de suspensión de las reglas fiscales como consecuencia del mantenimiento de la cláusula de escape prevista en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera antes de la vuelta a un previsible nuevo marco de reglas fiscales en 2023.
La activación de la cláusula de escape, con efectos desde 2020, no implica la ausencia de supervisión fiscal pero afecta directamente a la actividad de la AIReF. En particular, con la suspensión de las reglas fiscales y sustitución de objetivos fiscales por tasas de referencia, queda anulada la posibilidad de activar los mecanismos preventivos, correctivos y coercitivos y, consecuentemente, los correspondientes informes de la AIReF en esta materia.
«La desactivación de la cláusula de escape o toda alteración que pueda producirse en el marco fiscal a lo largo del año sería tenida en cuenta y se reflejaría debidamente en las actuaciones de la AIReF», ha asegurado el organismo que encabeza Cristina Herrero.
SUPERVISIÓN Y SOSTENIBILIDAD
En 2022, la AIReF continuará con su labor de supervisión fiscal en profundidad de todos los niveles de la Administración Pública, a través del seguimiento de la situación económica y presupuestaria, el cumplimiento con el marco fiscal nacional y europeo y la alerta temprana de riesgos.
Asimismo, velará por la sostenibilidad de las finanzas públicas con una visión de largo plazo, a través de análisis en profundidad de la sostenibilidad y la contribución a la definición de una estrategia fiscal sostenible.
Así, en 2022, la AIReF publicará los Informes sobre el ciclo presupuestario si se materializan los hitos presupuestarios que justifican su realización.
En su ejercicio de autoevaluación, la AIReF actualizará su análisis con los resultados de 2021 y realizará una evaluación de los modelos de previsión macroeconómica de las CCAA. Por otro lado, se realizará un análisis del impacto de los cambios normativos de los ingresos tributarios. Además, en otoño la AIReF actualizará el escenario a medio plazo de las previsiones macroeconómicas y fiscales publicado en primavera con ocasión del Informe sobre la Actualización del Programa de Estabilidad.
Teniendo en cuenta que 2022 será previsiblemente el último año de suspensión de las reglas fiscales, la AIReF continuará participando en el debate sobre el futuro marco de gobernanza fiscal con la publicación de un documento con su visión sobre la reforma de la gobernanza fiscal de la UE, su aplicación al caso de España y sus posibles ámbitos de mejora.
ESPECIAL ATENCIÓN A LOS SPENDING REVIEW ENCARGADOS
También realizará los estudios correspondientes a la tercera fase del Spending Review 2018-2021 encargado por el Gobierno, centrados en la evaluación estratégica de los instrumentos financieros para el apoyo a los sectores productivos y la evaluación de la gestión de los residuos urbanos.
Asimismo, se preparará el plan de acción de la primera fase del Spending Review 2022-2026 sobre instrumentos financieros de apoyo a los sectores productivos y asistencia sanitaria del mutualismo administrativo.
Por otro lado, se desarrollarán los trabajos de los estudios encargados por el Gobierno a instancia de algún departamento ministerial, como el estudio sobre la cooperación financiera internacional-FONPRODE; así como los estudios encargados por Administraciones Públicas Territoriales (Castilla y León, Sant Feliu de Llobregat, Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura, Navarra y Baleares).
REFORZAR LA INDEPENDENCIA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS
La Autoridad Independiente también ha asegurado reforzará sus tres principios rectores, la independencia, transparencia y rendición de cuentas.
Como novedad, en el ámbito de la transparencia se publicarán en la página web los datos en formato accesible de los informes, una herramienta visual y sencilla de consulta de las recomendaciones y un observatorio de las comunidades autónomas, entre otros.
