El Gobierno reitera que la libertad de los presos de ETA «depende» del juez de vigilancia penitenciaria

El Gobierno ha reiterado en una respuesta parlamentaria por escrito que la libertad de los presos de ETA «depende» del juez de vigilancia penitenciaria. «La puesta en libertad de un preso no depende del Gobierno, ni de la Administración penitenciaria, sino del juez de vigilancia penitenciaria», señala.

El Ejecutivo contesta de esta forma a Vox, que registró una pregunta sobre la previsión para «facilitar la puesta en libertad de miembros de ETA en prisión en el caso de que se cumplan los requisitos legales». «El Gobierno cumple, como no puede ser de otra forma y como ha explicado en sede parlamentaria en numerosas ocasiones el ministro del Interior, con la legalidad vigente», responde en la respuesta por escrito, consultada por Europa Press.

La respuesta va en la línea de lo defendido la semana pasada en el Congreso por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien defendió que «no se negocia» la aplicación de la ley penitenciaria ni se beneficia a presos de ETA.

Al ser cuestionado por la decisión de la Audiencia Nacional de retroceder de grado a tres presos de ETA a los que Interior había dejado en semilibertad, Grande-Marlaska citó en el Congreso otros casos –José Pikabea Ugalde y Antonio Troitiño Arranz– en los que había sido el juez de Vigilancia Penitenciaria quien había decidido la progresión al tercer grado, a pesar de no contar con el aval del Ministerio.

En este contexto, la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha convocado una manifestación el 2 de abril al considerar que el Ejecutivo les ha «traicionado», como muestra el informe de la Guardia Civil que recoge conversaciones del entorno de los presos etarras con el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz. La asociación denuncia una reforma legal –negada por el Gobierno– para rebajar las penas de medio centenar de condenados por terrorismo.

SUBVENCIONES Y CONDECORACIONES PARA VÍCTIMAS

En su respuesta por escrito, fechada el 11 de febrero, el Gobierno de Pedro Sánchez se remite a su agenda pública al ser cuestionado por los pactos con EH Bildu. En este sentido, defiende su gestión hacia las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo, recordando que en los Presupuestos Generales del Estado para 2022 se ha elevado esta partida hasta el millón de euros.

Dentro de las reformas legales, se menciona que el Ministerio del Interior mantiene en estudio cambiar la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo para sancionar con multas los recibimientos a presos de ETA, los conocidos como ongi etorri . Para ello, está analizando el informe publicado en noviembre de 2021 por la Comisión Europea referente a la directiva europea 2017/541 sobre terrorismo.

Cita también el anuncio para que el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo cuente con una segunda sede en Madrid, tras la inauguración de sus instalaciones en Vitoria, así como que «ya se está trabajando en la tramitación de oficio de más de trescientas solicitudes» dentro de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del Terrorismo.

En su defensa de las víctimas del terrorismo, el Gobierno menciona las siete unidades didácticas sobre esta temática realizadas en colaboración con el Ministerio de Educación y Formación Profesional, una iniciativa que busca «fomentar los valores de rechazo a la violencia terrorista y de respeto y consideración hacia las víctimas del terrorismo».