La presidenta del tribunal del jurado que debía juzgarle la semana que viene ha dictado sentencia in voce tras el acuerdo de las partes

Un funcionario de la Universidad de Cantabria ha aceptado una pena de dos años de prisión por falsear documentos para enriquecerse con casi 40.000 euros procedentes de cursos de formación de la institución académica.

La magistrada presidenta del tribunal del jurado que debía juzgarle la próxima semana ha dictado sentencia in voce tras el acuerdo alcanzado por todas las partes.

El fallo, que ya es firme, condena al citado trabajador -que fue administrador del Departamento de Derecho Civil de 2011 a 2016- como autor de un delito continuado de falsedad cometido por funcionario público en concurso con otro igualmente continuado de estafa, también cometido por funcionario público.

La pena impuesta, con la que se ha mostrado conforme el procesado, es de, además de dos años de prisión, tres de inhabilitación para empleo o cargo público dedicado a la gestión administrativa en cualquier ente u organismo público, y 3.600 euros de multa.

En este caso se han tenido en cuenta las circunstancias atenuantes de dilaciones indebidas y de reparación del daño, ya que el acusado ha consignado judicialmente 39.700 euros por la cantidad que desvió injustamente y otros 14.000 euros en concepto de intereses.

Ahora, la magistrada ordena la entrega de tales cantidades, que suman 53.700 euros, a la UC, según ha informado este viernes el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria.

CÓMPLICES

Junto al funcionario público han sido condenadas tres personas más que se concertaron con él para ceder sus datos personales y figurar como docentes en la documentación que el principal acusado elaboraba, firmaba y pasaba al cobro.

Son cómplices del delito continuado de falsedad en concurso con el delito continuado de estafa, y la pena que deben afrontar cada una de ellas es de un año y dos meses de prisión, dos años de inhabilitación para empleo o cargo público y 1.800 euros de multa.

Junto a ellos, también han sido condenados una trabajadora de la UC y su pareja, quienes fueron asesorados por el principal implicado do para cobrar fraudulentamente un dinero de la institución académica.

En concreto, la empleada recibió un pago a través de su novio, que era el que aparecía en la factura, pero comunicó a la Universidad la irregularidad y restituyó el importe.

La pena para estos dos procesados, a los que se les reconoce la atenuante de reparación, como autores de un delito de falsedad es de tres meses de prisión y 900 euros de multa.

HECHOS PROBADOS

Tal y como figura en el escrito presentado al tribunal que después ha dado lugar a la sentencia dictada verbalmente, el funcionario fue administrador del Departamento de Derecho Civil entre los años 2011 y 2016.

Entre sus funciones figuraba la de elaborar la documentación necesaria para el desarrollo de la actividad académica, como cursos y másteres, incluyendo las certificaciones de la docencia impartida y las solicitudes de pago de la retribución de profesores y ponentes.

Según se ha declarado probado, el acusado, «con intención de obtener un injusto enriquecimiento en el desempeño de sus funciones mediante el cobro de cantidades indebidas por parte de la Universidad, confeccionó decenas de documentos de su departamento en los que hacía constar falsamente como profesores de los cursos a terceras personas».

Además, simulaba las firmas de los directores de los cursos tanto en los listados alterados de profesores como en las peticiones de pago, y también la firma del supuesto profesor en la hoja de asistencia y en la petición de pago.

De este modo, el acusado «lograba engañar al Servicio de Gestión Académica, que ordenaba el pago de cantidades a personas que nunca habían impartido clase alguna en tales cursos, logrando de tal manera en el periodo referido que se realizasen un total de 26 pagos fraudulentos por un importe total de 39.700 euros, cantidad que posteriormente él mismo recibió de manos de aquellos falsos profesores».