El PP se reafirma en su crítica a Batet por la votación de la reforma laboral, pero niega estar atacando al Congreso

Insisten en que tenía que haber reunido a la Mesa para estudiar la petición de Casero de poder votar presencialmente

La vicepresidenta segunda del Congreso, la popular , Ana Pastor, se ha reafirmado este martes en sus críticas a la actuación de la presidenta de la Cámara, la socialista Meritxell Batet, durante la votación el pasado 3 de febrero de la reforma laboral y le ha recriminado que pretenda presentar esas críticas como un ataque a la Cámara. «Eso es una falacia que no vamos a permitir», ha dicho.

Así se ha pronunciado Pastor en el patio del Congreso, junto a su compañero, el secretario cuatro de la Mesa, Adolfo Suárez Illana. Ambos han comparecido después de que este órgano, con los votos de PSOE y Unidas Podemos, haya tumbado los escritos de protesta del PP por aquella votación que el Gobierno salvó gracias al voto del popular Alberto Casero.

La Mesa, amparándose en un informe de los letrados, ha concluido que «no hubo un error técnico», sino una equivocación del diputado por Cáceres. De su lado, Batet ha dado por zanjada la polémica y ha defendido la independencia de los letrados de la Cámara. En este contexto, ha avisado de que cuestionar a los servicios jurídicos «sin razonamiento o justificación» es «atacar la legitimidad del Congreso».

Pastor ha acusado a Batet de «parapetarse y esconderse» tras el «informe no vinculante» de los letrados y le ha recriminado que pretenda «hacer ver que quien está en contra de su actuación critica a las instituciones». «Eso es una falacia que no vamos a permitir», ha advertido.

Por su parte, Suárez Illana ha dejado claro que «estar en contra del criterio jurídico de los letrados no significa estar en contra de su honestidad» ni implica «menoscabar la actuación de los servicios de la Cámara». También ha apuntado que en todas las reuniones de la Mesa hay posicionamientos contra la opinión de los servicios jurídicos.

BATET SE EXTRALIMITÓ

Según han informado fuentes parlamentarias, durante la reunión e la Mesa, Batet ha llegado a acusar de «mala fe» a los populares y, tanto en privado como en público, éstos han rebatido en casi todos sus puntos el informe de los letrados que certifica que se actuó conforme a derecho.

Así, han acusado a Batet de haberse «extralimitado» en sus funciones al haber decidido por si misma, sin reunir a la Mesa de la Cámara, no atender la petición de Casero de que se le autorizara votar presencialmente.

El diputado tenía autorización para votar a distancia, como así lo hizo. Cuando se percató de su error en la votación –que atribuyó a un fallo del sistema informático– se presentó en el Congreso para poder votar desde el escaño, pero no se le permitió.

Los populares defienden que tenía derecho a que la Mesa estudiara su solicitud de cambiar del voto telemático al presencial, con independencia de la respuesta que se le hubiese dado, pero que Batet hurtó al diputado de ese derecho y al órgano de gobierno del de pronunciarse al respecto.

En el Senado sí se permite más flexibilidad ya que se puede cambiar el voto telemático hasta el fin de plazo e incluso un senador que pidió el voto telémático puede votar presencialmente previa autorización de la Mesa.

DOS PRECEDENTES

Además, Pastor ha señalado dos situaciones, a su juicio equiparables a la de Casero, que se han vivido en la Cámara baja. Así, ha señalado en que 2017, siendo ella presidenta del Congreso, se permitió votar presencialmente a un diputado del PP que se había dejado sin votar uno de los puntos del Pleno durante la votación telemática. Consecuentemente, sus votos a distancia fueron anulados.

El otro caso, data de 2021, ya con Batet en la Presidencia, cuando se anularon los votos telemáticos que había emitido una diputada de Unidas Podemos que después votó también desde su escaño. En ambos casos, recalcan los populares , la decisión se adoptó por acuerdo unánime de la Mesa de la Cámara.

Además, Pastor ha añadido que Batet «faltó a la verdad en el Pleno» cuando dijo que la Mesa era conocedora de la situación de Casero, sin que ésta se hubiera reunido en algún momento.

Por todo ello, el PP insiste en que se conculcó el derecho fundamental de Casero a la participación política y así lo esgrimen en los recursos que tanto el Grupo Parlamentario como el propio diputado han presentado ante el Tribunal Constitucional.