Organización de DDHH denuncia que el expresidente Martelly recibe asignación mensual de 2,6 millones de euros
La Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos de Haití ha denunciado este jueves que el expresidente Michel Martelly, que ocupó el cargo entre 2011 y 2016, recibe por parte de la Administración General de Aduanas (AGD) una asignación mensual de tres millones de dólares (2,6 millones de euros).
«El primer ministro Ariel Henry, debido a sus vínculos con Michel Martelly y para satisfacer a su jefe, habría dado instrucciones al director general de la AGD, Romel Bell, para que asignara tres millones de dólares al expresidente», ha advertido el coordinador de la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos, Pierre Espérance, según recoge Infos Pro.
Cabe recordar que Ariel Henry, actual primer ministro de Haití, fue ministro del Interior durante el mandato de Martelly.
Según el defensor de los Derechos Humanos, la concesión de importantes sumas de dinero es una práctica habitual. En su momento, la esposa del expresidente Jovenel Moise, Martine Moise, pudo beneficiarse de unos 2 millones de dólares mensuales(1,7 millones de euros) del erario público.
Espérance ha asegurado que tiene pruebas de la «amplia práctica de corrupción» en las que estaban implicados el presidente asesinado, Jovenel Moise, y más autoridades.
«En vista de las próximas elecciones, el tráfico ilegal de armas de fuego y municiones en los puertos de Haití se ha convertido en la norma», ha denunciado el defensor de Derechos Humanos.
El juez Garry Orélien, que se encontraba investigando el asesinato del expresidente haitiano Jovenel Moise, aseguró el 8 de febrero que el primer ministro haitiano, Ariel Henry, estaría relacionado con la planificación del magnicidio y vinculado a uno de los autores intelectuales.
Orélien dio carpetazo a su pesquisa a finales de enero después de que el decano del Tribunal de Primera Instancia, Bernard Saint Vil, rechazara prorrogar la investigación debido a las acusaciones de corrupción vertidas contra el magistrado.
La Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos también había acusado al magistrado de recibir dos millones de gourdes (unos 18.000 euros) por el «levantamiento de la prohibición de salida dictada contra una personalidad» y aseveró que, al menos uno de los policías liberados, le habría pagado 25.000 dólares (21.800 euros).
El Senado de Haití escribió el 9 de febrero al Tribunal Superior de Cuentas para informar de que los parlamentarios constataron «el fin» del mandato del primer ministro Ariel Henry, pese a la negativa de este último de abandonar el poder.
PREOCUPACIÓN POR LA CRISIS POLÍTICA
La embajadora de la Unión Europea en Haití, Sylvie Tabesse, ha expresado su profunda preocupación por el «continuo empeoramiento» de la crisis en Haití, durante una reunión telemática el pasado martes 8 de febrero, tal y como recoge la agencia Alterpresse.
«Haití atraviesa una crisis institucional y constitucional, en un contexto de inseguridad creciente», ha aseverado, al tiempo que ha instado a los haitianos a ponerse de acuerdo para salir de esta crisis.
«Esta es la única opción para promover la vuelta a una cierta normalidad institucional y la vuelta a la seguridad», ha matizado Tabesse.
Haití se encuentra inmersa en un clima de inestabilidad social y política, acrecentada tras el magnicidio del entonces presidente del país, Jovenel Moise, el 7 de julio del pasado año 2021.
