SEPI contrata asesores para analizar de las solicitudes de ayuda de las hoteleras Bluebay y Meeting Point

La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha abierto el proceso para la contratación de asesores independientes que llevarán a cabo el análisis de las operaciones de ayuda financiera temporal solicitadas por las cadenas hoteleras Bluebay y Meeting Point con cargo al Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas.

El procedimiento de análisis se inicia a petición de las propias empresas que solicitan el apoyo financiero del Fondo. Dicho análisis requiere verificar que se cumplen todos los requisitos de elegibilidad para la concesión del apoyo solicitado.

Estos asesores jurídicos y financieros vinculados al procedimiento del fondo forman parte de las firmas más prestigiosas del mercado, según SEPI, que asegura que el asesoramiento que recibe el Fondo requiere «un proceso de análisis de las solicitudes de apoyo recibidas exhaustivo, profesional y transparente que garantiza el máximo rigor en la resolución que pone fin a cada expediente».

El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas es uno de los instrumentos de apoyo a la economía que el Gobierno puso en marcha con una dotación de hasta 10.000 millones de euros, de los que hasta la fecha se han solicitado 5.345,4 millones.

TRABAJO DE LOS ASESORES.

Los servicios de asesoramiento financiero verifican el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de naturaleza económica establecidos y analizan la suficiencia de las medidas planteadas en el plan de viabilidad para que la empresa restaure la solvencia dañada y retorne a la senda de la viabilidad.

El estudio de cada operación incluye también el análisis de la situación precovid de la empresa y el impacto de la pandemia.

El análisis requiere estudiar el sector al que pertenece la compañía, su posible evolución y las claves de competitividad para evaluar el alcance de la recuperación contrastando las previsiones de la compañía y los posibles escenarios de sensibilidad para determinar la proporcionalidad del apoyo financiero solicitado y su capacidad de devolución de los fondos públicos otorgados.

El asesor jurídico, por su parte, realiza el proceso de due diligence que incluye la emisión de informe sobre las condiciones de índole jurídica para ser beneficiario; igualmente asesora sobre las posibles contingencias legales, laborales, y fiscales que pudieran aflorar y afectar al cumplimiento del plan de viabilidad, así como la revisión de la situación laboral y en materia de recursos humanos del solicitante/beneficiarias.

Por otro lado, los asesores jurídicos redactan y revisan los documentos y términos de los acuerdos y documentos contractuales que gobiernan la eventual concesión del apoyo financiero público temporal tales como los Términos del Apoyo a la Solvencia , el Acuerdo de Apoyo Financiero Público Temporal , el Acuerdo de Accionistas o Acuerdo de Gestión con la Compañía , el Contrato de Financiación y demás Documentos Financieros , incluyendo las garantías anejas a la financiación.

El Gobierno ha autorizado hasta el momento el respaldo público temporal para Air Europa, Ávoris Corporación Empresarial, Plus Ultra Líneas Aéreas, Duro Felguera, Tubos Reunidos, Rugui Steel, Hotusa, Grupo Airtificial, Grupo Serhs, Reinosa Forgings & Castings, Grupo Losán, Grupo Soho Boutique Hoteles y el Grupo Abades.

Hasta la fecha se han aprobado un total de 13 operaciones por importe de 1.536,13 millones de euros, lo que supone algo más del 28% del importe total solicitado, que asciende a 5.345,4 millones de euros. De las empresas que han recibido este apoyo público temporal, seis pertenecen al sector industrial y siete al sector turístico.

El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, dotado con un total de 10.000 millones de euros, fue aprobado por el Gobierno en julio de 2020 con el objetivo de aportar apoyo público temporal para reforzar la solvencia de empresas no financieras afectadas por la pandemia que sean consideradas estratégicas para el tejido productivo nacional o regional. La prórroga acordada por la Comisión Europea amplia el campo de aplicación del Marco Temporal de ayudas estatales hasta el 30 de junio de 2022.