Los exaltos cargos del SCS defienden las contrataciones, niegan relación con las empresas y destacan el ahorro

SANTANDER, 8

Los dos exaltos cargos del Servicio Cántabro de Salud (SCS) acusados de prevaricación administrativa por supuestas irregularidades en contratos de obras y servicios durante la pasada legislatura han defendido este miércoles, en el inicio del juicio contra ellos, las contrataciones en cuestión, al tiempo que han negado vinculación alguna con las empresas adjudicatarias y han destacado asimismo el ahorro logrado, como con la centralización de compras.

«Salimos avergonzados por esta situación, pero es para estar orgullosos», ha manifestado el que fuera subdirector de Gestión Económica del SCS, Francisco Javier González, a propósito de ese ahorro y que se ha sentado en el banquillo junto a Alejandro Rojo, que fue director de la Gerencia de Atención Primaria, médico de formación que ha manifestado no tener «ni idea» en temas de gestión administrativa.

Se enfrentan, respectivamente, a 14 y 11 años de inhabilitación que por un delito -continuado y no continuado- de prevaricación administrativa pide el fiscal para empleo o cargo público, inhabilitación relacionada únicamente con contratación administrativa, como ha avanzado el representante del ministerio público en el arranque de la vista, que se celebra esta semana en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria.

En la sesión también han comparecido, a propuesta de la Fiscalía, varios testigos de los hechos enjuiciados, relacionados con contratos menores para el pintado de centros de salud y las obras de ampliación del Hospital Virtual de Valdecilla, la compra de 22 ecógrafos para otros tantos centros de salud de la región y asistencias técnicas de un consultor externo, que también estuvo imputado y ya fallecido.

Sobre las contrataciones de asesoría externa, el exsubdirector de Gestión Económica e Infraestructuras del SCS, que accedió al cargo en septiembre de 2015 y que cuenta con estudios y experiencia en la materia, ha indicado que se encargó a Álvaro Sáez de Viteli la redacción de pliegos técnicos -como los relacionados con laboratorios hospitalarios- por ser temas «estratégicos» e «importantes». «Ante la complejidad de la situación, intentamos contar con un profesional de primer nivel», se ha justificado.

En este sentido, y a preguntas del fiscal, González ha subrayado que la ley en ese momento solo exigía la presentación de una oferta, y ha agregado a continuación que en España había «no más de quince personas» especializadas en esa labor, mientras que en Cantabria y las comunidades vecinas -País Vasco y Asturias- «posiblemente no haya más de tres», motivo por el que se procedió a la «adjudicación directa», ha insistido.

Y acerca de las contrataciones a nombre de su hija -autónoma y traductora de profesión-, el acusado ha explicado que fue una cosa «esporádica, no recurrente», y a propuesta del padre, que estaba «saturado y cansado» y les ofreció la opción de suscribir el contrato con ella. «No vimos más problema», ha manifestado González, antes de reconocer que esa mujer no tenía la «capacitación» necesaria y matizar a continuación que, dada su condición de empresaria, podía contratar a personal laboral y mercantilmente y «dotarse de esa capacidad».

«Contratamos con muchas personas, pero no conocemos a las personas ni a las empresas con las que firmamos», ha rememorado. Y cuestionado por varios contratos sucesivos por importe al límite de uno menor, ha contestado que se hacían por «año presupuestario» y para funciones «diferentes», por lo que «no tienen nada que ver», ya que cada uno tenía «una finalidad distinta».

Respecto a la contratación de tres empresas para la reparación y pintado de cuatro centros de salud -General Dávila en Santander, El Zapatón y Dobra en Torrelavega, y San Vicente de la Barquera- González ha dicho que se limitó a trasladar lo que la consejera de Sanidad, entonces la socialista María Luisa Real, les había planteado en el comité de dirección y que era que los centros tenían que estar «impolutos, inmaculados».

Y aunque ha negado saber quién se encargó de la contratación -punto en el que ha remarcado que él era encargado de la supervisión de todo el presupuesto del SCS, unos 800 millones de euros anuales-, cree que se adjudicó a la oferta «más barata» en todos los casos. Además, tras negar conocer que las adjudicatarias tuvieran relación entre sí, ha incidido en que los trabajos eran «independientes» y se ejecutaron «correctamente».

De la compra de los 22 ecógrafos para otros tantos centros de salud, ha dicho que el proyecto venía igualmente de la Consejería y que se trató también en el comité de dirección, añadiendo que cada aparato era «una unidad funcional» y que él firmó una diligencia. «Me lo subieron a mí, como me subían cantidad de cosas», ha manifestado, antes de apuntar que al no existir director de gestión firmaba «hasta nóminas». «Yo firmo y me desentiendo del tema», ha remachado justo antes de asegurar que si los técnicos hubiesen advertido de cualquier cuestión, habrían «reculado».

ROJO SABÍA DE MEDICINA, PERO NO DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

Por su parte, el entonces director de la Gerencia de Atención Primaria ha manifestado que, dada su profesión, sabe de medicina, pero no de gestión pública administrativa. Así, cuando sucedieron los hechos enjuiciados, meses después de acceder al puesto, desconocía «la esencia y la base» de esa contratación. «Yo soy médico. Sé de medicina, pero de gestión pública administrativa no».

Por eso, ha reconocido por ejemplo que firmó los contratos adjudicados a la hija del asesor externo, pero por recomendación del equipo directivo establecido y en el marco de un proyecto de la Consejería y el SCS que iba a suponer «un importante ahorro en las compras».

Al hilo, Rojo ha expresado su confianza en la gente que trabajaba a su alrededor y en que hacían las cosas «correctamente» , por lo que «no podía poner en duda» los documentos que le entregaban para rubricar. En este punto, y para ilustrar el volumen de contrataciones anuales, ha indicado que no contaba los contratos, sino las «carpetas» de los mismos, hasta el punto de que a veces tenía sobre la mesa una docena con una treintena de documentos cada uno, según ha cifrado. «Yo firmaba al día entre 200 y 300 documentos», ha comentado en otro momento del interrogatorio.

En cuanto al pintado de los centros de salud, el entonces responsable de la GAP ha negado que el criterio de selección fuese «arbitrario», sino que se firmó una prórroga por dos años de un contrato de cuatro ya suscrito para pintar los que todavía no lo estaban. Y, en cualquier caso, ha dicho que «en ningún momento participé en decir qué empresas» se encargaban de esos trabajos. «Jamás tuve contacto con absolutamente ninguna empresa privada», ha negado.

Finalmente, sobre la compra de los ecógrafos, Rojo ha rechazado igualmente que fuese una «decisión arbitraria» y ha justificado su firma porque le aseguraron que había presupuesto para adquirirlos. En todo caso, ha señalado a González como su «persona de referencia para este tipo de documentación».

TESTIGOS

Entre los testigos propuestos por el fiscal destacan la entonces jefa del servicio de contratación del SCS que denunció los hechos -por email a sus superiores y que se sintió «puenteada» por González, con quien el trabajo era «más confuso» y se la «excluyó» también de sus competencias en gestión de obras- o la hija del asesor externo, que accedió a la propuesta de su padre porque confió en él, aunque solo firmó un contrato -«en el pasillo de mi casa, rápido y corriendo, y sin leer»-, mientras que en otro aparecía su rúbrica pero «falsificada».