Bruselas lleva a Reino Unido a la Justicia europea por desafiar su Supremo una decisión sobre competencia UE
BRUSELAS, 9
La Comisión Europea ha anunciado este miércoles que llevará a Reino Unido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por una sentencia del Tribunal Supremo británico en contra de una decisión previa de Bruselas que declaró ilegal una ayuda de Estado en Rumanía.
La Justicia británica se pronunció sobre un asunto que aún estaba por resolver en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que a ojos del Ejecutivo comunitario supone violar el principio de cooperación leal.
Los servicios legales comunitarios creen también que se vulneraron varios artículos del Tratado Fundacional de la UE durante el proceso al no remitir el Supremo británico una cuestión prejudicial a la corte europea para aclarar el modo de aplicación de un laudo internacional.
La Comisión Europea cree que la sentencia británica puede tener implicaciones serias sobre la aplicación del Derecho comunitario en Reino Unido con respecto a cuestiones ligadas a inversiones, por ejemplo cuando entran en juego decisiones laudos arbitrales en virtud de tratados bilaterales de inversiones dentro de la UE.
Bruselas considera que el reconocimiento y ejecución de este tipo de dictámenes en la jurisdicción británica es incompatible con las reglas de la Unión Europea porque pondría en entredicho los esfuerzos comunitarios para hacer cumplir la primacía del Derecho comunitario sobre laudos internacionales en materia de inversiones.
El caso se refiere a un laudo arbitral internacional que en 2013 obligó a Rumanía a pagar una compensación a dos inversores suecos por retirarles una serie de ventajas fiscales que el país se vio obligado a suprimir con su entrada en la UE. En 2015, el Ejecutivo comunitario consideró que no debían pagarse tales compensaciones porque equivaldrían a pagar ayudas de Estado ilegales.
Los afectados recurrieron después a la Justicia británica en donde el Tribunal Supremo concluyó que sus obligaciones con respecto al Derecho comunitario no eran un obstáculo para aplicar las decisiones del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, organismo del Banco Mundial que dictó el controvertido laudo.
