Artolazabal defiende el derecho de los miembros de las FSE asesinados por ETA a ser reconocidos también como víctimas

Rechaza que el informe sobre estas víctimas quiera «blanquear» la historia de estos Cuerpos, sino poner el foco en todas las vulneraciones

BILBAO, 6

La consejera de Igualdad, Justicia y Derechos Sociales, Beatriz Artolazabal, defiende el reconocimiento de «todas las víctimas» y, por lo tanto, también el derecho de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado asesinados por ETA, a ser reconocidos «como tales». Además, rechaza que el Gobierno Vasco pretenda «blanquear» la historia de esos cuerpos policiales, sino «poner el foco en todas las vulneraciones de derechos humanos», con el Informe sobre la injusticia padecida por integrantes de las FSE y de sus familiares a consecuencia del terrorismo de la banda entre 1960 y 2011.

En un artículo titulado Vulneraciones y derechos: de todos y de todas, para todos y para todas , publicado en el Grupo Noticias y Berria, recogido por Europa Press, Artolazal asegura que «no hay víctimas de primera y de segunda», sino solo «víctimas de una violencia injusta» y todas ellas «tienen derecho a la verdad y justicia» y al «reconocimiento legal, institucional, social, moral y simbólico».

La titular de Justicia añade que el futuro exige «poner foco en todas las víctimas y en todas las vulneraciones de derechos», para responder a «la polémica que ha generado en algunos sectores» la presentación hace unos días del Informe sobre la injusticia padecida por integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado, así como sus familiares, a consecuencia del terrorismo de ETA entre 1960 y 2011.

Beatriz Artolazabal cree que «polémica, politización y víctimas son conceptos que nunca debieran ir unidos». Por ello, con el ánimo desituar el documento «en su verdadero y único contexto, y de zanjar cualquier polémica artificial», recuerda, entre otras cosas, que ha sido elaborado por una prestigiosa entidad académica independiente, como es el Instituto de Derechos Humanos Pedro Arrupe de la Universidad de Deusto, por encargo del Gobierno Vasco.

En concreto, subraya que este estudio «no es una iniciativa aislada», sino que forma parte de «una estrategia global y se inscribe en la política general» del Ejecutivo en relación con las violaciones de losderechos humanos, «y más concretamente en la serie de informes sobre el sufrimiento generado» en este sentido «en diversos colectivos sociales».

En este marco, recuerda que el Instituto Pedro Arrupe ha elaborado anteriormente el informe sobre la injusticia padecida por las personas amenazadas por ETA (1990-2011), sobre la injusticia padecida por el colectivo de ertzainas y sus familias a consecuencia de la amenaza de ETA (1990-2011), el Conocimiento y discursos de la población universitaria sobre el terrorismo y vulneraciones de derechos humanos en Euskadi; sobre el impacto de la política penitenciaria de alejamiento en las familias de las personas presas, o sobre la injusticia padecida porconcejalas y concejales que sufrieron violencia de persecución (1991-2011).

La consejera reconoce y pone en valor el trabajo realizado y «el planteamiento, la metodología, el rigor académico y la aportación de estos informes» para dar visibilidad a estas conculcaciones de derechos, «y en la reivindicación de su defensa y protección».

En este sentido, subraya que los estudios realizados ponen el foco en las víctimas de las vulneraciones de derechos, en el sufrimiento que se ha generado en ellas y en sus entornos. «Cada uno de los informes es, pues, obligadamente parcial y específico. No pretenden un análisis global», añade.

Artolazabal explica que, en el caso del informe sobre «la injusticia» padecida por integrantes de las FyCSE por el terrorismo de ETA, el objetivo «no es analizar de manera integral la situación política y el fenómeno de la violencia en el País Vasco entre 1960 y2011», ni siquiera el análisis de la política y la actuación de estos cuerpos policiales en Euskadi en ese periodo, sino que son «un análisis que ponen el foco en un objetivo específico».

«La fotografía final será el resultado de la suma articulada de investigaciones, informes e iniciativas que reflejen todos los hechos,todas las experiencias, todas las vulneraciones de derechos y todos los sufrimientos generados por ellas. Desde un enfoque de derechos humanos, todas las vulneraciones fueron injustas», apunta.

Por ello, precisa que la constatación de la conculcación de derechos y del sufrimiento causado por la violencia de ETA en las FSE y en sus familiares, «en ningún caso, supone identificación del GobiernoVasco con la política y la actuación de éstas en el periodo de referencia».

Tras insistir en que «no es objeto del Informe el análisis de esa política y esa actuación, como no lo fue el análisis de laactuación de la Ertzaintza, de la política municipal o de la estrategia general de ETA cuando se puso el foco en las violaciones de derechos de las que fueron víctimas ertzainas y concejales y concejalas o en el sufrimiento añadido que la política de alejamiento provocó en los familiares de personas presas», ha vuelto a recordar que el enfoque de los estudios «son siempre las víctimas, las vulneraciones de sus derechos» y los efectos que causaron.

En este sentido, señala que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado «son sinónimo de vulneración de derechos en cualquier Dictadura, también en el Estado español y en Euskadi, y también en el periodo democrático se han producido en Euskadi vulneraciones dederechos por parte de las FyCSE derivadas del abuso de poder y del uso ilegítimo de la fuerza por parte de un Estado que, en ocasiones, en vez de proteger libertades, vulneró derechos».

«Este reconocimiento de vulneración de derechos es totalmente compatible con reconocer al tiempo el sufrimiento generado en el colectivo y en sus familiares por el terrorismo de ETA. No se trata de blanquear, se trata de poner sobre la mesa la ética de todas las vulneraciones de derechos», puntualiza.

EL HORIZONTE EN EL FUTURO

Para Beatriz Artolazabal, «el horizonte final de la mirada al pasado es siempre el futuro, un futuro en términos de no repetición, un futuro que exige poner foco en todas las víctimas y en todas las vulneraciones de derechos».

«No hay víctimas de primera y de segunda, hay víctimas: víctimas todas ellas de una violencia injusta, víctimas todas ellas que tienen derecho a la verdad y justicia, que tienen derecho al reconocimiento legal, institucional, social, moral y simbólico», asevera.

La consejera de Justicia subraya que, como «todas son víctimas», en el imaginario colectivo «todas deben ser consideradas como tales». «Este enfoque de derechos y sus vulneraciones es, sin duda, el más sólido pilar para fundamentar nuestro futuro modelo de convivencia en el principio de defensa, protección y garantía de los derechos humanos: todos los derechos para todas las personas», concluye.