Hacienda aprobará este año un decreto para unificar la plataforma de embargos en todas las AAPP

Modificará este año el impuesto de gases fluorados para simplificar su gestión y mejorar su control

El Ministerio de Hacienda aprobará este año un Real Decreto del Punto Neutro de Embargos, con la finalidad de unificar en una sola plataforma los embargos que llevan a cabo todas las administraciones públicas, desde la Agencia Tributaria a la Seguridad Social, pasando por comunidades autónomas y ayuntamientos.

Así figura en el Plan Normativo aprobado por el Gobierno para este año, en el que se contempla el desarrollo reglamentario de la factura electrónica y la creación del registro contable de facturas en el sector público para facilitar el intercambio de información sobre deudores de las administraciones y los pagos a los mismos.

Dicha información podrá intercambiarse entre la Agencia Tributaria, los órganos de recaudación de la comunidades autónomas y entidades locales, la Tesorería General de la Seguridad Social y los órganos pagadores de las administraciones públicas, al objeto de realizar las actuaciones de embargo o compensación que procedan «en una única plataforma omnicomprensiva» para todas las administraciones.

En concreto, la Agencia Tributaria creará y administrará la plataforma informática para el desarrollo de los intercambios de información y las actuaciones de gestión recaudatoria que se dispongan, gestionando su crecimiento por fases conforme a los posibles desarrollos informáticos.

La iniciativa legislativa cuenta ya con los trabajos previos de actualización y revisión para que la herramienta y los preceptos normativos generales permitan, a través de este proyecto de Real Decreto, el establecimiento de las bases de un servicio con vocación de generalidad para el conjunto de administraciones públicas.

Además de esta norma, el departamento de María Jesús Montero contempla aprobar este año otras leyes en el ámbito de la gestión tributaria, como la modificación del Impuesto Especial sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero, con el objetivo de simplificar la gestión del impuesto y garantizar un adecuado control del mismo.

Igualmente, Hacienda aprobará un real decreto para modificar el reglamento general de Gestión e Inspección Tributaria, con el fin de favorecer la eficiencia administrativa, que incluirá aspectos relacionados con el régimen jurídico de las entradas en el domicilio, una medida antifraude para limitar el impacto del abuso realizado por parte de organizaciones de fraude al IVA del régimen de los depósitos fiscales y un nuevo sistema que facilite a los obligados tributarios la rectificación de los errores cometidos en las autoliquidaciones presentadas.

Concretamente, Hacienda pretende que la solicitud de rectificación se pueda presentar en el mismo modelo utilizado para la presentación de la autoliquidación, contando con los mismos servicios de ayuda disponibles para la confección de esa autoliquidación.

Junto con la modificación del reglamento general de Gestión e Inspección, Hacienda pretende también introducir cambios en el reglamento de Recaudación y, para ello, contempla la aprobación de otro real decreto, con el objetivo de mejorar los procedimientos de enajenación.

En concreto, el texto recogerá modificaciones en el ámbito del sistema de ingresos a la Hacienda Pública, el cálculo de los importes de las garantías en solicitudes de aplazamiento/fraccionamiento en período ejecutivo, compensaciones de oficio de deudas de entidades públicas, y declaraciones de responsabilidad en liquidaciones vinculadas a delito y en los procedimientos de enajenación.

También en el ámbito tributario el Ministerio de Hacienda aprobará un real decreto para regular las notificaciones administrativas por medios electrónicos en el ámbito de la Agencia Tributaria.

OTRAS LEYES EN MATERIA DE FUNCIÓN PÚBLICA

En otro orden de cosas, el departamento de María Jesús Montero, que también cuenta con las competencias de Función Pública, contempla aprobar este año una ley de evaluación de las políticas públicas en la Administración General del Estado.

Según el Gobierno, la reforma para la modernización de la Administración debe incorporar la evaluación de políticas públicas como una actividad integrada en su práctica habitual y como una fase más delproceso de elaboración de las políticas públicas. Se pretende así con esta norma institucionalizar la evaluación en la Administración General del Estado a través del refuerzo del sistema público de evaluación comoherramienta de mejora de la eficacia, de la transparencia y de la rendición de cuentas.

Más específicamente en el ámbito laboral dentro de la Función Pública, Hacienda quiere tener lista este año una nueva Ley de la Función Pública para reforzar la capacidad de la Administración para atraer y retener el talento necesario, revitalizar los instrumentos de planificación, organización y gestión de los recursos humanos y garantizar los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público.

La transparencia de los procesos de selección, así como regular la evaluación del desempeño y del rendimiento con arreglo a un marco basado en las competencias, en particular para las nuevas contrataciones, son otros de los objetivos de esta norma.

Asimismo, Hacienda pretende aprobar una ley de prevención de conflictos de intereses en el sector público para establecer un nuevo sistema de incompatibilidades de los empleados públicos, que no sólo regule el ejercicio de una segunda actividad, sino que también aborde aspectos relacionados con los conflictos de intereses (abstención, regalos, incompatibilidades al cese, entre otros).

LEY DE LOBBY

Por último, Hacienda quiere aprobar una ley de transparencia e integridad en las actividades de los grupos de interés (lobby) para regular las relaciones de los grupos de interés con los responsables públicos.

Definir «grupo de interés» y derechos y obligaciones de sus miembros; establecer la publicidad de las agendas de los altos cargos; crear un registro público y obligatorio de grupos de interés; y establecerun régimen sancionador para altos cargos, empleados públicos y lobistas son algunos de los objetivos de esta ley.