El Gobierno «no se cierra» a mejorar la Ley de Vivienda pero defiende que ha sido «especialmente cuidadoso» con las CCAA

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, ha afirmado este martes que el Gobierno «no se cierra» a mejorar la Ley de Vivienda después de recibir el informe del Consejo General del Poder Judicial que le afea que limite las competencias de las comunidades autónomas en la materia. El ministro ha defendido, sin embargo, que el texto es «especialmente cuidados» con las competencias autonómicas.

En declaraciones a TVE, recogidas por Europa Press, el ministro ha asegurado que leerán todos los informes recibidos en el trámite de audiencia pública, no solo el del CGPJ, que «no es vinculante», como ha recordado. Así, ha destacado que el compromiso del Gobierno es hacer de la vivienda un derecho y facilitar su acceso a todas las personas con dificultades.

«Vamos a leer el informe, lo respetamos, no tenemos ánimo de polemizar, vamos a leer sus argumentos», ha indicado, para así «intentar mejorar esa ley que queremos sea impecable desde el punto de vista jurídico», ha añadido.

EL CGPJ DICE QUE LA REGULACIÓN CORRESPONDE A LAS CC.AA

Este lunes, el CGPJ hizo público su informe sobre el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda en el que recordó al Ejecutivo que la vivienda «es una materia de titularidad autonómica», por lo que el núcleo de su regulación y las políticas públicas encaminadas a hacer efectivo el derecho del artículo 47 de la Constitución «corresponde a cada una de las comunidades autónomas (CCAA) que ejercen sus competencias conforme a la orientación política mayoritaria existente en ellas».

Bolaños, sin embargo, ha defendido que el Gobierno ha sido «especialmente cuidadoso» con las competencias autonómicas en el borrador de la ley que ha elaborado y ha reiterado que el objetivo del Ejecutivo es claro. «Vamos a regular el derecho a la vivienda, creemos que es un problema social al que hay que dar solución», ha apuntado.

Así, ha insistido en que hay personas con dificultades que no pueden acceder a una vivienda y el Gobierno «no se siente ajeno» a este problema e intenta regular por primera vez en democracia una ley estatal que garantice este «derecho» a través de incentivos para los propietarios y ventajas para los inquilinos. «Es una ley buena para todos», ha terminado.