Ciudadanos discrepa con la decisión del Supremo sobre los indultos del procés y recurrirá en amparo ante el TC
El vicesecretario general y portavoz nacional de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha señalado este jueves que su formación «acata» la decisión del Tribunal Supremo de rechazar los recursos contra la resolución del Gobierno de indultar a los dirigentes independentistas condenados por el procés , aunque ha mostrado su discrepancia con el criterio de la Sala, por lo que ha anunciado que recurrirán en amparo ante el Tribunal Constitucional.
«Acatamos, por supuesto, esa decisión. No somos como otros partidos políticos que protestan con las sentencias, pero discrepamos con el criterio del Tribunal Supremo», ha valorado el dirigente de la formación naranja en declaraciones remitidas a los medios, donde ha anunciado que acudirán al recurso de amparo ante el TC «animados» además «por la exigua diferencia de votos por la que ha salido esta resolución».
Al hilo, Bal ha insistido que desde Cs siguen pensando que los indultos «son contrarios a la igualdad entre todos los españoles y el estado de derecho». «Seguiremos defendiendo que no se debe indultar por razones de utilidad pública sino solamente por razones de justicia y equidad. Y ninguna injusticia había en la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo», ha añadido el diputado nacional, que ha reiterado que defenderán el criterio de la Sala Segunda y de la Fiscalía cuando en el informe de los indultos «se manifestaban negativamente a su concesión».
De esta manera, Ciudadanos se suma al Partido Popular y Vox, que también han anunciado que llevarán al Tribunal Constitucional la decisión de rechazar todos los recursos contra los indultos del 1 de octubre «por falta de legitimación».
La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, el diputado José María Espejo-Saavedra y el líder de Cs de Cataluña, Carlos Carrizosa, presentaron recurso ante el Tribunal Supremo contra los indultos a los líderes independentistas catalanes. Interpusieron uno por cada preso y lo hicieron a «título individual», basando su legitimidad en que eran quienes estaban «en primera fila» –los tres eran diputados en el Parlament en 2017– cuando «a través de procedimientos ilegales se tramitaron las leyes de transitoriedad y la ley de referéndum».
