Guardias civiles denuncian la «ofensiva» de la Generalitat catalana por plantear dejar sin competencias al Seprona
Las asociaciones profesionales de la Guardia Civil han denunciado la «ofensiva» de la Generalitat de Cataluña al plantear ahora dejar sin competencias en medio ambiente al Seprona para que las asuma en exclusiva el cuerpo de Agentes Rurales, dependientes de la administración catalana.
En un comunicado, la AUGC ha denunciado el pacto entre ERC y Unidas Podemos en el marco de los Presupuestos de la Generalitat que plantea esta medida, que se une a otras como la de crear una policía marítima por parte de los Mossos d Esquadra en detrimento, en este caso, de los especialistas del GEAS del Instituto Armado.
«El objetivo es que las competencias del Seprona en esta comunidad las asuma el Cuerpo de Agentes Rurales», ha denunciado AUGC, advirtiendo de que esta idea «ya ha sido planteada por el consejero de Interior».
JUCIL, la asociación mayoritaria dentro del Consejo de la Guardia Civil, también ha cuestionado las pretensiones de la Generalitat. Dentro de la ronda de contactos con el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, pidieron explicaciones por la posible cesión de competencias de varias especialidades propias de la Guardia Civil.
Esta otra asociación citó el caso del Seprona, los GEAS y el Gedex. Asimismo, advirtieron de que también se estaba hablando de la «cesión de los servicios de Seguridad y Fiscal del aeropuerto de Lleida».
Por este motivo, las asociaciones profesionales han vuelto a pedir explicaciones al titular del Ministerio del Interior, recelosas de los planes de la Generalitat.
En la última ronda de contacto abierta por Grande-Marlaska sí valoraron positivamente que el ministro del Interior les dijera que en el departamento trabajaban con la idea de destinar pluses económicos para Cataluña y otros puntos de España como el Campo de Gibraltar, atendiendo a la demanda interna de declaración de Zona de Especial Singularidad.
En concreto, reclaman un plan integral de medidas económicas y sociolaborales para los guardias civiles destinados en Cataluña que sirva para mitigar tanto la pérdida de poder adquisitivo que vienen padeciendo los agentes como la elevada «presión social» que soportan por parte de sectores independentistas.