El Congreso evita imponer al Banco de España sus recetas para mejorar la imparcialidad de las autoridades independientes

La subcomisión encargada de redactar recomendaciones no volverá a reunirse hasta febrero, tras las elecciones de Castilla y León

El Congreso ha decidido no imponer al Banco de España las recomendaciones destinadas a reforzar la independencia e imparcialidad de los órganos reguladores, según consta en la enmienda del PSOE aprobada este martes por la subcomisión de la Comisión de Calidad Democrática de la Cámara encargada de aprobar un informe sobre esta materia.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, los grupos han aprobado esa propuesta del PSOE para que el informe final deje claro que el Banco de España no sólo no se considera una «autoridad administrativa independiente», sino que también destaque que el regulador «cuenta con una naturaleza especial, propia y exclusiva», tal y como reconoce la Ley del Régimen Jurídico del Sector Público, «puesto que se rige por lo dispuesto en el Derecho de la Unión».

De esta forma, en principio las recomendaciones que apruebe el Congreso afectarían sólo a las siete autoridades administrativas independientes que ya funcionan en España: Agencia de Protección de Datos (AEPD), Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) y Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

No obstante, en la sesión de este martes también se ha avalado la idea de Más País de que los criterios y propuestas de buenas prácticas que recoja el informe final puedan ser «tomadas en cuenta» por otro tipo de organismos independientes –como pudiera ser el propio Banco de España– y que no se limiten «estrictamente» a las siete entidades citadas.

La subcomisión ha aprobado también una serie de enmiendas de Ciudadanos, PNV y ERC y ha acordado volver a reunirse ya a mediados de febrero, tras las elecciones autonómicas de Castilla y León, para discutir las sugerencias que hagan los grupos sobre el método de elección y el control parlamentario al que deben someterse los máximos responsables de las autoridades independientes.

En concreto, los grupos tendrán de plazo hasta el 14 de febrero para presentar enmiendas a estos puntos del texto redactado por el PSOE y Más País que se ha tomado como base para la discusión de la subcomisión. Este órgano volverá a reunirse el 16 de febrero para votar esas sugerencias y su intención en celebrar una última reunión en marzo para aprobar ya un texto definitivo que deberá elevarse a la Comisión de Calidad Democrática y después al Pleno de la Cámara.

UNIFICAR EL MÉTODO DE ELECCIÓN

En su texto, recogido por Europa Press, el PSOE y Más País apuestan por unificar el método de selección de los máximos responsable de las administraciones independientes.

En concreto, abogan elegirlos mediante un procedimiento idéntico que arrancaría con la publicación de una convocatoria pública por parte del Gobierno. Los firmantes del documento quieren que siga siendo el Ejecutivo quien proponga a los candidatos a las Cortes, pero reforzando el papel de las Cámaras tanto en la elección de los máximos responsables como en su control posterior.

El método de elección que defienden para los responsables de los siete organismos citados es similar al que ya rige para la Agencia Española de Protección de Datos, cuya renovación está precisamente siendo objeto de polémica estos días. Este asunto ha provocado un aviso al Gobierno por parte de las autoridades comunitarias porque los nombres de los futuros responsables, pactados por los grandes partidos, se dieron a conocer antes incluso de convocar el concurso preceptivo.

El Ejecutivo incluyó la renovación de la AEPD en el pacto que cerró con el PP a finales de octubre para designar nuevos miembros del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo. En concreto, ambas partes acordaron nombrar presidenta a Belén Cardona, a propuesta del PSOE, y adjunto a Borja Adsuara por sugerencia del PP.

Y un mes después, el 18 de noviembre, se convocó el concurso público para elegir a los mejores candidatos para el puesto. Según la legislación vigente, tras evaluar a los aspirantes, es el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, el que debe proponer candidatos a presidente y adjunto. Ambos han de ser ratificados por la comisión de Justicia en el Congreso.

MÁS EXAMEN, MAYORIA REFORZADA Y MANDATOS DE SEIS AÑOS

En la propuesta sobre la que trabaja la Comisión de Calidad Democrática, PSOE y Más País plantean que las votaciones de idoneidad de los aspirantes a estos puestos se realicen en un órgano similar a la Comisión Consultiva de Nombramientos del Congreso, pero «reforzada».

«Tendría, precisamente por estar focalizada en esta función, más posibilidades de realizar hearings (comparecencias) más parecidos a los que se desarrollan en otros sistemas democráticos, como Estados Unidos, donde se produce una seria y exhaustiva investigación sobre el perfil profesional de las personas propuestas, lo que redundaría en una clara mejora del sistema de selección», reza el documento, recogido por Europa Press.

Además, defienden que para aprobar el informe de idoneidad se «exija mayoría cualificada» y que éste no pueda salir adelante «en ningún caso» con «el voto afirmativo de un único grupo parlamentario».

Esta Comisión de Nombramientos debería tener entre sus tareas controlar a los órganos reguladores y autoridades independientes con más intensidad que en la actualidad, aumentando el régimen de comparecencias, que ahora generalmente está fijado en una al año, y haciéndolas más dinámicas para facilitar la obtención de respuestas, siguiendo el modelo anglosajón.

También correspondería a esta comisión la elaboración de códigos éticos que obliguen a sus máximos responsables e incluyan un régimen de infracciones y sanciones si se incumple, así como la función de actuar para detectar posibles incompatibilidades.

Asimismo, abogan por homogeneizar la normativa sobre la duración de mandatos en todas estas entidades, de manera que no coincidan con las legislaturas para reforzar así la independencia de sus responsable. En concreto, sugieren mandatos de seis años, una cifra que sobrepasa la legislatura política y que permite «trazar objetivo a medio plazo» logrando una gestión «más eficaz».